La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, justificó ayer el incremento de sueldos y de plantilla planteado por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuos (Epsar) ante la necesidad de «reordenar las funciones del personal» y de «asegurar que los trabajadores tengan el sueldo que corresponde» a sus funciones. Cebrián se pronunció así tras conocerse por Levante-EMV la negativa de la Conselleria de Hacienda de autorizar los planes de la empresa pública, que pretende incrementar en 500.000 euros los gastos de personal en el presupuesto de 2017.
Cebrián enmarca el bloqueo de la propuesta efectuada por la entidad gestora de las depuradoras dentro de un proceso de negociación «muy complejo» que se prolonga desde hace año y medio para «reorganizar las estructuras de gestión y de personal» después de «una época de abandono» que ha generado, según la consellera, «un caos y situaciones muy injustas» entre los trabajadores, como consecuencia de «una mala gestión». Desde el inicio de legislatura, la Epsar persigue sin éxito la aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) para resolver el conflicto que arrastra.
«Se trata de una labor de encaje muy difícil, porque no tenemos la holgura presupuestaria que necesitamos», lamenta Cebrián, antes de recalcar que las negociaciones con Hacienda para resolver el conflicto continúan abiertas. La conselleria que dirige Vicent Soler ha devuelto el último planteamiento formulado por la Epsar con una serie de observaciones que esta firma ha de corregir. «Volvemos a trabajar en ello: el proceso está siendo muy arduo», insiste la titular de Medio Ambiente.
Hacienda fundamenta su oposición a la citada propuesta en las restricciones que impone el Estado a cualquier aumento de salarios en entes públicos. Cebrián sostiene que la cuestión debe dirimirse «dentro de la contención presupuestaria que nos marcan las políticas de austeridad» para que la empresa «pueda continuar prestando el servicio público que da». La misma problemática se extiende a Vaersa, otra firma dependiente de Medio Ambiente.
