La Fundación Cical (Centro de Investigación y Conocimiento para la Administración Local) iba a suponer la salida de la política de José Manuel Orengo después de más de veinte años. Sin embargo, a día de a hoy, el exalcalde de Gandia y exdirigente del PSPV se ha quedado en un extraño «limbo» tras la polémica en torno a esta entidad: no trabaja ya para la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) -nave nodriza del proyecto-, tampoco para la fundación (está sin funcionamiento) y tampoco está en el paro. Lo dicho, en el limbo laboral. O, para los católicos, en el purgatorio, si es que tiene algún pecado que penar.
Orengo (Gandia, 1966), eso sí, continúa embarcado en Cical, impulsando un proyecto «soñado» durante años cuyas bondades y limpieza defiende con vehemencia, a pesar de polémicas y titulares, explica a Levante-EMV.
El presidente de la FVMP, el también socialista Rubén Alfaro, ha solicitado comparecer en las Corts para explicar a los grupos qué es la fundación. El exalcalde de Gandia está dispuesto a acudir con él y otros representantes de la institución para la que ha trabajado hasta final de febrero en virtud de un convenio con Divalterra (la vieja Imelsa).
Orengo, hombre de la total confianza del presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, dejó su último cargo político, la jefatura de gabinete del presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, en febrero de 2016.
El veterano político había cumplido con el encargo de Puig de ayudar al cambio en la corporación provincial, que conocía bien. Después de más de seis meses, Rodríguez (de otra onda generacional) quería y se veía preparado para volar solo.
Orengo recuperó entonces un sueño de cuando era alcalde de Gandia (salió en 2011, derrotado por el popularturo Torró): un instituto de investigación que ponga a disposición de los ayuntamientos conocimiento sobre los proyectos que quieran emprender. «Nada de chiringuito»
Lo hizo a través de un convenio de Divalterra (empresa de la diputación) con la FVMP por 120.000 euros. Él pasó de cobrar 60.000 euros anuales a menos de 40.000 por un contrato de obra y servicio de un año de duración. Alfaro confirmó ayer a este diario que venció hace unas semanas, antes de la polémica. Fue el 28 de febrero, justo antes de la primera reunión del consejo general de la Fundación Cical, en punto muerto ahora. Pero no muerta.
Al menos, en eso confía Orengo, hoy ni alcalde, ni dirigente político ni alto cargo ni gerente de fundación. Desempleado sin apuntarse al paro a la espera de que se aclare el futuro de Cical, un sueño que ha estado cerca de la pesadilla.
