La Comunitat Valenciana mantiene el menor número de empleados públicos por habitante de toda España. Mientras en la Generalitat y sus organismos autónomos el indicador es de 0,24 trabajadores por cada 100 habitantes, la media en el conjunto de España es de 0,46 y Aragón, con 0,7, es la autonomía que más tiene.

Desde enero de 2008 hasta la actualidad la Generalitat y sus órganos dependientes han sufrido una pérdida de 5.107 empleados, el 30% de los empleados. La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía que más ha sufrido la crisis en su plantilla, solo por detrás de Castilla-La Mancha.

Por si fuera poco, la Generalitat cuenta con una elevada tasa de temporalidad, ya que el 35 % de los empleados son interinos o tienen un contrato laboral. Es también una plantilla envejecida, dado que en 10 años se jubilan más 5.000 empleados.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, trasladó ayer en Madrid al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo que considera uno de los más graves problemas que tiene la Administración autonómica. «Una situación límite», según dijo en la rueda de prensa.

Así, Puig hizo llegar al titular de Hacienda que la Generalitat tiene previsto poner en marcha ofertas de empleo público para frenar esta situación. Pero ello no es posible mientras se mantengan las limitaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda.

Por eso una de las cuestiones esenciales del encuentro de ayer en Madrid entre Puig y Montoro fue la necesidad de modificar la tasa de reposición para evitar que la Comunitat Valenciana siga perdiendo empleados públicos

Plazas urgentes de maquinistas

Esa carestía de personal, por las políticas de recortes impuestas desde el inicio de la crisis, afecta, según Puig, a servicios públicos esenciales, que requieren un refuerzo tras la pérdida de empleados en los últimos años.

Uno de esos casos es el de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) por lo que el presidente Puig ha reclamado al ministro de Hacienda que autorice la convocatoria urgente de plazas de maquinista en esta empresa pública dependiente de la Conselleria de Territorio.

«Lo que le he pedido al ministro es que se busque una solución al entorpecimiento que la Generalitat tiene en el cumplimiento de sus competencias», subraya Puig que plantea que la Generalitat podría dar un paso más en cuestiones fundamentales para el Consell como es la aplicación de la ley de Dependencia, pero no puede hacerlo por no contar con suficiente personal para ello.

Pide la financiación en 2018

Además, Puig celebró que la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica ya esté en funcionamiento, de hecho ya se ha reunido. Sin embargo, el jefe del Consell recuerda que el acuerdo surgido tras la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero contempla que el nuevo modelo pueda aplicarse a partir de 2018, por lo que emplaza a Montoro a que esta comisión se cierre a tiempo para que así sea.

«El ministro me ha informado de que la comisión para la reforma del modelo de financiación está funcionando y yo en lo único que le incido es en la necesidad de que se cierre para que el presupuesto de 2018 sí que contemple el nuevo sistema de financiación autonómico», explica.

Los expertos para la financiación tienen un plazo de seis meses para presentar al Gobierno una propuesta de reforma aunque la decisión final será del ejecutivo. En ese comité de sabios, del que forma parte el valenciano Francisco Pérez, tiene el Consell puestas sus esperanzas de mejorar su financiación en 2018.