Las principales organizaciones agrarias valencianas -AVA-Asaja y la Unió de Llauradors-, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana y la Federación de Caza han denunciado el impacto de la fauna salvaje sobre la producción agraria, que cifran en 26 millones de euros, y reclamado un mayor control cinegético de las especies responsables de estos daños.

Las impactantes imágenes de una cacería celebrada en Ayora, justificada en los daños agrícolas, ha provocado la movilización de los colectivos afectados, que temen que no se adopten medidas para atajar el problema, incluidos los permisos excepcionales de caza para el control de especies.

Reclaman «cambios normativos que faciliten el control de las especies invasoras de los cultivos», así como «ayudas económicas tanto para instalar mecanismos de control como los llamados pastores eléctricos -vallas electrificadas-, como para compensar, siquiera en parte, las crecientes pérdidas que sufren los agricultores».

Según aseguran en un comunicado conjunto cazadores, organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, la acción depredadora de las especies silvestres sobre los cultivos se ha incrementado «un 30% durante el pasado año, lo que se ha traducido en unas pérdidas directas de 26 millones».

Crecimiento exponencial

Añaden que algunas especies de fauna salvaje «se han duplicado y, en casos como el del ciervo o el corzo, casi se habrían multiplicado por siete entre los años 2010 y 2015», para lo que citan como fuente los «datos oficiales» de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.

«Por lo que respecta a la evolución de especies como el jabalí, que junto al ciervo, el corzo, el conejo y la cabra montesa, son de las más dañinas para el sector agrario, el aumento de su población sería de un 112%, mientras que los incrementos en el número de cabras se situaría alrededor del 82% entre 2010 y 2015, y en el de corzos esa subida se situaría en un 9% en un solo año».

Los colectivos afectados subrayan que estas cifras reflejan solo «las piezas cobradas» y entienden que el incremento real del número de ejemplares «tiene que ser forzosamente mayor» que el que reflejan los datos divulgados.

Las organizaciones reclaman la puesta en marcha de «un plan de choque» para «aliviar la situación». Para ello han solicitado reunirse con la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, y con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues.

Cazadores como víctimas

Agricultores y cazadores atribuyen la sobrepoblación de algunas especies de fauna al abandono de las tierras agrícolas, el aumento de la masa forestal, la disminución del número de cazadores «y en las duras restricciones y limitaciones que tienen que afrontar a la hora de ejercer su actividad», la incidencia de la sequía, que empobrece su hábitat natural y obliga a los animales a bajar a las zonas de cultivo en busca de agua y sustento».

Recuerdan que los daños que causan especies silvestres como el jabalí, el conejo, el ciervo, el corzo o las cabras montesas «resultan tan ruinosos como generalizados en todos lo cultivos».

«En una sola noche son capaces de arrasar explotaciones enteras de viñedos, cítricos, hortalizas y frutales, además de ocasionar serios destrozos en la madera del arbolado, en instalaciones de riego por goteo y en otras infraestructuras», explican en su nota.

Por último recuerdan que con frecuencia la sobrepoblación de algunas especies favorece la aparición de enfermedades como la sarna que pueden trasladarse a la cabaña ganadera, así como provocar, tal como se ha constatado en comarcas como las de Ayora o Requena-Utiel, un aumento del número de accidentes de tráfico provocados por la irrupción de fauna en las carreteras.