El catastro ha convertido su casa de aperos de labranza en un complejo residencial. De la noche a la mañana y sin que haya habido cambio alguno en una construcción de hace 16 años. Así lo denuncia una familia de Llíria que, tras presentar alegaciones y documentar que en la propiedad no ha existido modificación alguna desde que se construyera una pequeña caseta en suelo rústico en el año 2000, solo ha recibido por respuesta que «la citada alteración catastral» ya ha sido inscrita. Y punto. Nadie ha comprobado si existe o no un error en la interpretación de la fotografía que tomaron los drones con los que el Ministerio de Hacienda está revisando los inmuebles de toda España.
En teoría, el ministerio revisa desde el cielo si los diversos impuestos urbanos y rústicos que pagan los vecinos por sus propiedades son los adecuados o si se han realizado obras que implican pagar un impuesto mayor por un aumento del valor catastral. Sin embargo, en la práctica, el sistema falla. La empresa especializada Impuestalia lo advirtió hace meses y puso como ejemplo lo que le ha pasado a esta familia: las fotografías aéreas no son fiables y mediante este sistema se cometen errores como calificar de vivienda una caseta de aperos, considerar una piscina de obra cuando en realidad es de plástico o interpretar que un toldo es una habitación más de la casa. Impuestalia estima errores en un 7% de los casos. El de la familia de Llíria es una clara prueba de ello.
El pasado 26 de septiembre, los afectados recibieron una carta certificada desde la Gerencia Regional del Catastro donde se notificaba una propuesta de regularización catastral para inscribir el inmueble como «una construcción de tipo residencial categorías 3 y 9». La familia se llevó las manos a la cabeza. «Lo consideran como si fuera una vivienda normal cuando no hemos realizado cambio alguno en una pequeña construcción de aperos de labranza que no tiene luz, ni agua; donde no vive nadie y que se usa para guardar herramientas y aperos necesarios para mantener una explotación agraria de almendros y olivos en Olocau», afirman. En la misma carta se incluía la correspondiente tasa de regularización catastral (60 euros), que la familia se negó a pagar.
El plazo para presentar alegaciones era de 15 días. Y así lo hicieron.
Sin embargo, no les sirvió de nada. «Es como si te diesen la oportunidad de protestar porque hay democracia pero en realidad no sirve para nada porque nuestras alegaciones estaban hechas con la ley y la Constitución en la mano, pero ni tan siquiera hemos recibido contestación», añaden.
Y es que el pasado 14 de marzo llegó una nueva notificación por carta certificada. La casa de aperos ya había sido registrada como vivienda. «La única alternativa que nos han dado ha sido presentar una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el plazo de un mes, con las costas que este proceso nos va a acarrear», explica la familia.
Sin vuelta atrás
Sin embargo, intentaron otra vía y le preguntaron a un abogado posibles soluciones. La respuesta fue demoledora. «Lo único que se puede hacer es interponer reclamación económico-administrativa, pero el recurso de reposición lo resuelve el propio catastro y es prácticamente imposible que se vuelva atrás. De entrada, necesitaríamos un informe pericial de valoración de la construcción. Además, el catrastro tiene presunción de veracidad, al igual que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado , y su palabra, de entrada, vale más que la nuestra. Sería un proceso costoso con una alta probabilidad de perder», lamentan.
¿Qué le queda a esta familia? Pues denunciar, alto y claro, lo que está pasando. «Nos vemos acosados e indefensos. Solo nos queda acudir a la justicia, que hoy se paga con dinero. No somos los únicos afectados por esta injusticia».
