La Fiscalía de València ha pedido a un juzgado de lo Mercantil que anule cuatro cláusulas incluidas en las condiciones de venta de entradas de la mercantil Rian-Clasic S.L., encargada de promover el Marenostrum Xperience 2017, por «abusivas». Están relacionadas con cambios de fechas, artistas y condiciones climatológicas.

Así consta en la propuesta de decreto que Fiscalía ha remitido al juzgado en relación con el evento musical Marenostrum Xperience previsto para este mes de julio en la explanada ubicada en el Centro Comercial de Alboraia, situado en Camí Sequia de la Mosquera.

Esta nueva demanda va en la línea de la presentada por el ministerio público el pasado mes de enero contra Mare Music Events S.L., mercantil que promovió el Marenostrum Music Festival. En esa primera ocasión el fiscal vio también «abusivas» cuatro cláusulas -las mismas que para el nuevo festival- y solicitaba su anulación.

En esa ocasión, el evento no se celebró por no disponer la empresa promotora de la preceptiva licencia urbanística provisional y de autorización para la instalación. Posteriormente, celebró los días 28 a 30 de julio otro evento musical, denominado Festival Marenostrum 2016 y ofreció a las personas que habían comprado las entradas para el festival que se iba a celebrar a principio de mes, cambiarlas por este nuevo evento musical. Pero se negó a reintegrar los importes pagados. El fiscal vio abusivas algunas de sus condiciones.

Algo similar ocurre este año. Según contempla el fiscal en su escrito remitido al juzgado, la mercantil Rian-Clasic, cuyo objeto social es la compraventa de vehículos, artículos sanitarios e higiénicos, está vendiendo las entradas para el Marenostrum Xperience con precios que oscilan entre los 33 y los 500 euros.

Sin embargo, ha advertido de que esta empresa no dispone de la preceptiva licencia municipal urbanística ni autorización para instalación. «Tan solo ha presentado una solicitud de autorización ante el Ayuntamiento de Alboraia y se le ha requerido para la subsanación de deficiencias y aportación de documentos», según recoge el escrito del fiscal.