Los indicios contra Miguel López por el asesinato de su suegra se mantienen pero tampoco han aparecido nuevos elementos que refuercen la acusación contra él por lo que es factible, aplicando un principio de proporcionalidad, acordar medidas alternativas a la prisión, donde ha permanecido 39 días y de la que salió ayer por la tarde. De esta base parte el magistrado José Luis de la Fuente en el auto en el que se le concede la libertad previo pago de una fianza de 150.000 euros, que su mujer, e hija menor de la víctima, abonó mediante transferencia bancaria en apenas una hora. El acusado se marchó acompañado de su letrado y regresó a la finca familiar con la sombra de la duda todavía flotando sobre él.
El magistrado descarta que haya elementos que justifiquen la situación de prisión por el peligro de que el investigado vuelva a delinquir y sostiene que existen otras medidas menos restrictivas que la cárcel para garantizar que no se pueda manipular a los testigos o que huya del país. En el auto se precisa que la investigación se encuentra a la espera de recibir informes periciales o de carácter técnico, cuya dilación temporal resulta difícil de estimar. Por todo ello, se considera que la libertad bajo fianza se adopta por un criterio de proporcionalidad de las medidas limitativas del drecho fundamental de la libertad personal.
Miguel López fue detenido el pasado 8 de febrero como presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala. La mujer recibió dos tiros en la cabeza cuando recogía su coche en las instalaciones de Novocar, empresa regentada por el sospechoso y perteneciente al grupo familiar, la tarde del 9 de diciembre.
Salvo «matices»
El juez José Luis de la Fuente señala que no comparte las alegaciones de la defensa, José Antonio García, sobre el resultado de los interrogatorios y subraya que los cerca de treinta testigos que han pasado durante estos días por el juzgado han ratificado en líneas generales y salvo algún «matiz» lo que ya dijeron ante la Policía.
El magistrado entiende que se mantiene la existencia de un móvil económico, la elección y control del escenario del crimen por Miguel López para asegurarse que se quedaba a solas con la víctima, la experiencia de éste en el manejo de armas de fuego y las incongruencias y lagunas en su declaración en los momentos inmediatamente posteriores al asesinato, hechos que motivaron su detención.
Mientras concluye la investigación, el juez ha acordado varias medidas encaminadas a que el acusado no pueda huir o tratar de influir en los testigos. Por ese motivo, se acuerda una orden de alejamiento que le impida acceder a Novocar a fin de evitar supuestas presiones hacia los empleados que pudieran hacer que cambiaran sus declaraciones. También se la ha retirado el pasaporte, se le ha prohibido salir del país y deberá comparecer todos los lunes ante el juzgado.
En el auto se considera de «escasa consistencia» las afirmaciones de la defensa de que existía un intento para recomponer la situación familiar y societaria. El juez señala que es «innegable» que la junta celebrada el 19 de septiembre de 2016 en las que se cesó del consejo de administración a las tres hijas de la fallecida para nombrar presidente al primogénito de la familia, Vicente Sala Martínez, se produjo «en un clima de crispado enfrentamiento».
El magistrado recuerda que en dicha junta uno de los nietos preguntó a María del Carmen Martínez si era consciente de que en el caso de que no hubiera reparto de dividendos podría estar privando a los nietos de su formación académica, a lo que ésta respondió: «sabéis que he sido y soy madre y abuela y lo seré siempre, como también he sido buena esposa de vuestro padre y abuelo y seré fiel a su pensamiento y voluntad siempre igualmente».
En esta línea, señala que las decisiones adoptadas de la víctima haciendo valer la acción de oro «afectaban directamente al investigado», ya que su esposa fue cesada del consejo, colocando a la víctima «en una situación de control absoluto de las decisiones que había que adoptar en todas las empresas del grupo, incluido el negocio de automoción», que regenta López. María del Carmen Martínez sólo ejerció la acción de oro en la polémica junta en la que estalló el conflicto.
El instructor mantiene que la situación de crisis familiar se fue ahondando en los meses siguientes, hecho que avalarían tanto las declaraciones de los testigos, como los mensajes de whatsapp enviados por todos los hijos de las tres hermanas perjudicadas, «con especial virulencia en la familia del ahora investigado».
