Podrán ser «legales» y hasta «transparentes» tal como las ha defendido Ribera Salud, pero el presunto cobro de comisiones por parte de las concesionarias de salud de la Generalitat a las empresas proveedoras de los departamentos que gestionan de forma privada no cuenta con la autorización de la Conselleria de Sanidad.

Así lo verbalizó ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, al ser preguntada al respecto: «Ribera Salud no tiene autorización para que se cobren comisiones en nombre de la Generalitat». La consellera se posicionaba después de conocerse la denuncia del responsable de una empresa de Torrevieja, la imprenta Suministros de Oficina Oficomp SL, de que había sido obligado a pagar hasta un 10 % en comisiones bajo distintos conceptos para seguir suministrando material a dos de los hospitales públicos que gestiona la empresa privada Ribera Salud, los de Torrevieja y Elx.

Según este empresario, las comisiones se instauraron una vez empezó a operar la plataforma de compra centralizada de Ribera Salud, B2B, en 2011. Desde Ribera Salud defienden que el objetivo de la central de compras es «ahorrar costes», mejora que además «revierte en una mejor sanidad». B2B, sin embargo, no está controlada ni directa ni indirectamente por la Conselleria de Sanidad.

Pagos por formación

El propietario de la imprenta, Miguel Ángel Lorente, aseguró que desde que Ribera Salud puso en marcha B2B tenían la obligación de abonar un 3 % en concepto de «cuota de facturación» y otro 7 % en concepto de formación, lo que suponía cerca de 3.200 euros trimestrales. «Si no pasabas por B2B no vendías nada en los hospitales», ha asegurado.

Tras conocerse esta denuncia, publicada en exclusiva por Levante-EMVLevante-EMV, la consellera aseguró ayer que las empresas concesionarias -Ribera Salud se ocupa de cuatro de los cinco hospitales bajo gestión privada de la Comunitat Valenciana- «no tienen» en ningún momento autorización de la Generalitat para realizar estos cobros que la firma defiende que son «legales y transparentes». Precisamente el presunto cobro de estas comisiones a empresas suministradoras de endoprótesis a través de la plataforma B2B está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 4 de València a raíz de una operación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía nacional. La policía concluyó en su atestado que las comisiones que presuntamente se cobran a los proveedores endoprotésicos en concepto de formación serían ilegales.

Preocupados en el Consell

«Sentimos preocupación por esta información y por la investigación que ya está en el juzgado número 4 por presunta malversación», abundó la consellera que cree que estas sospechas y la investigación llevaba a cabo por la UDEF ratifican la idea del gobierno valenciano de que la sanidad «debe estar gestionada desde lo público» ya que sino, se entra en colisión con otros modelos de gestión que buscan «un beneficio empresarial».

La consellera no quiso entrar a valorar ayer si tal como defiende la propia Ribera Salud, la central de compras B2B estaría suponiendo un ahorro para el sistema que terminaría revirtiendo «en una mejor sanidad».

«Habría que establecer muchos matices y no quiero exceder el ámbito de la administración» cuando el asunto «está siendo investigado en los juzgados», aseguró la consellera que recordó, sin embargo, que esta central de compras para ahorrar costes «trabaja sin la autorización del Ministerio de Salud para ser intermediarios de medicamentos. Ellos pueden hablar de ahorro pero realmente están están trabajando sin el amparo del Ministerio», aseguró ayer la consellera.