La prórroga de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2021 se convertirá en breve en un nuevo pulso entre el Gobierno de España y la Generalitat.
El tripartito (PSPV, Compromís y Podemos) ha presentado en las Corts una iniciativa conjunta para su debate en el pleno de la próxima semana a la que todo apunta que se sumará Ciudadanos. En ella piden al Consell que exija al Gobierno el desmantelamiento de la central nuclear a partir de ese año, por lo que el Ejecutivo de Puig y Oltra asumirá el mandato de las Corts y exigirá el cierre de la central, lo que provocará ineludiblemente un nuevo foco de conflicto con el Gobierno de Rajoy.
Sólo el PP se muestra partidario de mantener activa la central nuclear de Cofrentes, siempre que se cumplan los parámetros de seguridad, según indicó ayer en las Corts la portavoz, Isabel Bonig.
La lideresa popular considera que la energía nuclear «es necesaria» por lo que los populares valencianos son partidarios de prorrogar la vida útil de la central si se dan «todas las garantías». La presidenta del PP destaca «los beneficios» que tiene esta infraestructura, no solo para Cofrentes sino para todas las comarcas colindantes, y considera que se trata de decisiones que no dependen de las Corts Valencianes ya que forman parte de una competencia estatal.
La iniciativa, que saldrá adelante en el pleno la próxima semana, insta al Consell a exigir el cierre de la central en marzo de 2021 y a que no autorice el almacén de residuos dentro de los terrenos de la central valenciana, así como que se modifique el marco normativo que ha paralizado la implantación de las renovables.
El texto de la resolución recoge que la central entró en funcionamiento en 1984 y en enero de 1985 ya estaba a plena capacidad. Aunque la infraestructura, diseñada a finales de los 60, obtuvo inicialmente la autorización para su funcionamiento por un período de 25 años una vez cumplido el plazo en 2011, el Gobierno decidió ampliarlo una década más, es decir hasta 2021.
Ese año, la central habrá cumplido 37 años de funcionamiento, un período muy superior a la media de las centrales europeas ya que la Agencia Internacional de la Energía situa el plazo en 25 años.
Según los partidos que conforman la mayoría en las Corts, las centrales más antiguas son también las más peligrosas como se demostró en el caso de Fukushima, la más antigua de Japón.
La iniciativa, que suscriben, entre otros, dos diputados de Compromís por la cuota de Los Verdes, Juan Ponce y Graciela Ferrer, añade además que tanto el modelo de reactor BWR como el sistema de contención de la nuclear de Cofrentes han puesto ya de manifesto su obsolescencia.
Además, se dan otras circunstancias que obligan a priorizar el cierre de este tipo de centrales. Una es la generación de residuos muy peligrosos por su toxicidad, que permanecerán activos durante miles de años y también el riesgo de contaminación radiactiva que deja la nuclear en caso de accidente y recuerdan los de Harrisburg, Chernobyl o la propia central japonesa de Fukushima.
Un freno a las renovables
En opinión de los firmantes de la iniciativa legislativa, la energía nuclear es, además, un freno a las renovables, cuando estas generan más empleos por unidad de energía producida, como ha demostrado Alemania, líder en renovables y que ha programado el cierre de sus centrales para 2022.
Además, consideran que el Almacén Temporal Individualizado, propuesto para acoger los residuos de la nuclear es una demostración del fracaso en la gestión de los residuos por parte del Gobierno de España.
