El exconseller Rafael Blasco, el empresario Augusto César Tauroni y el exjefe de área de Cooperación Marc Llinares no están dispuestos a cargar en solitario con el grueso de la indemnización por responsabilidad civil de la segunda pieza del caso Cooperación, esto es, el 75 % de 3,2 millones de euros. «Se ha cometido un exceso con determinadas personas y otros se han ido de rositas. Tanto a nivel de pena como económico, tiene que haber más equidad», explicó ayer Tauroni a Levante-EMV.
Según fuentes consultadas, este era el contenido de las negociaciones con el fiscal anticorrupción que investiga el caso, una de las tres piezas que se incoaron para indagar sobre el saqueo de fondos destinados a ayudas al Tercer Mundo y por el que el exconseller está en prisión.
El pasado martes estaba prevista una confesión de los hechos por parte del empresario Tauroni como resultado de un acuerdo al que habría llegado con el ministerio público para atenuar sus posibles futuras condenas por las dos ramas que quedan por enjuiciar. Sin embargo, el fiscal no acudió a la Ciudad de la Justicia.
La razón, según apuntan distintas fuentes, radica en una serie de hechos que afectaban «a la seguridad y libertad». Unas posibles amenazas que, asegura Tauroni, él no ha sufrido, «a pesar de que habrá mucha gente que no quiera que hable». Según el condenado, que estos días ha disfrutado de un permiso penitenciario que termina hoy, el fiscal avisó de que no acudiría a la cita pero su abogado «no vio el correo a tiempo» y por eso se presentaron en las dependencias judiciales, algo que fue interpretado como un movimiento turbio según otras fuentes presentes en la instrucción.
«Hay alguien que está torpedeando mi declaración», aseveró Tauroni, aunque no quiso señalar a nadie en concreto. «Ha habido gente que ha ido de salvador de la patria cuando en realidad estaban en medio de todo», añadió el condenado. Mientras, el acusado mantiene que tiene «ganas» de devolver el dinero, por lo que pide que se le levanten el embargo de sus bienes.
