La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, planea una remodelación importante de su departamento, dentro de la cual se enmarcan los relevos de la hasta ahora directora general de Justicia y el subsecretario del departamento, que dejarán el departamento en los próximos días.

Ambos mantenían diferencias de criterio con Bravo, si bien las circunstancias finales de las salidas son diferentes. Maria Àngels García Vidal, a quien Bravo fichó cuando fue nombrada consellera, ha presentado su dimisión. Oficialmente, por motivos personales. En el caso del subsecretario, Luis Felipe Martínez, un veterano de la Administración vinculado a la FSP-UGT y al PSPV, con quien Bravo mantiene discrepancias desde hace tiempo, es la consellera la que toma la decisión de prescindir de sus servicios, confirmaron ayer fuentes de la conselleria.

Ambas salidas no serán oficiales hasta que sean aprobadas por el pleno del Consell, algo que no sucederá en el de hoy porque no han entrado en la relación de asuntos a tratar.

La decisión de la consellera pasa por reforzar la dirección general de Reformas Democráticas, en manos de José García Añón, el alto cargo del departamento con quien mantiene mayor confianza. Por contra, la intención es reducir las competencias actuales de la subsecretaría y de la dirección general de Justicia.

Luis Felipe Martínez, funcionario adscrito a la Delegación de Gobierno (llegó a ser subdelegado) tiene una sólida formación (tres licenciaturas, entre ellas la de Derecho) y una larga trayectoria en la Generalitat. Sin embargo, desde el principio no congenió con la consellera.

De hecho, Martínez ha puesto pegas a la plasmación de algunas de las iniciativas de la consellera, lo que habría precipitado la decisión de su relevo por falta de sintonía. En los últimos días, Justicia, en colaboración con el Palau, está entrevistando a jefes de servicio de la etapa de Joan Lerma en busca de un nuevo subsecretario.

Las subsecretarías son piezas claves en el organigrama de la Generalitat ya que sus titulares llevan el peso de los asuntos que aprueba el Consell.

La responsabilidad del cargo y una retribución en muchos casos inferior a la que cobra un alto funcionario hacen que la plaza sea difícil de cubrir.

También las discrepancias en torno a la gestión están detrás, según las fuentes consultadas, de la caída de Maria Àngels García Durán. En este caso, sin embargo, ha sido la propia magistrada quien ha puesto su carta de dimisión encima de la mesa de Bravo.

La consellera tampoco tiene fácil encontrar sustituto para un cargo que no resulta atractivo para profesionales del mundo de la Justicia, no sólo por cuestiones económicas, sino porque implica una vinculación política que muchos juristas no están dispuestos a aceptar.