La pugna legal entre la Conselleria de Sanidad y la concesionaria de hospitales públicos Ribera Salud ha dado una pequeña victoria judicial a la empresa que dirige Alberto de Rosa. La sección 5ª de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha obligado al departamento de Carmen Montón a precintar decenas de cajas con contratos y facturas de la concesionaria y su central de compras B2B investigada por la Justicia. La medida, impuesta desde el pasado 27 de enero, impide a los técnicos de la conselleria a aceder a información.

Cuando estalló el escándalo de las prótesis de B2B tras la operación de la policía nacional y su posterior judicialización, la Conselleria de Sanidad realizó una petición de gran cantidad de documentación. El departamento de Carmen Montón reclamaba los contratos suscritos y las facturas emitidas entre los proveedores y las concesiones de Ribera Salud en Alzira, Dénia, Torrevieja y Elx. Ribera Salud acató la orden y preparó la documentación pero presentó un recurso contencioso-administrativo para frenarla.

En enero, el TSJ impuso a la Conselleria de Sanidad la medida cautelar de no poder acceder a la documentación pero le dio la posibilidad de recurrir a instancias superiores. El tribunal alegó que el requerimiento de la conselleria no concretó «el interés público afectado» y entendió que «prevalece la libertad de empresa de Ribera Salud y el secreto de sus relaciones comerciales». «Una reseña de prensa no puede dar lugar a pedir documentación de años», asegura la sala. El tribunal añade que el requerimiento de la Conselleria de Sanidad «es muy pobre y diáfano, de forma que no acabamos de apreciar donde radica el interés público que tiene la intención de defender la Generalitat».

Rechazan devolverlas

Tras este fallo, la Conselleria de Sanidad tuvo que precintar toda la documentación que le llegó en cajas de la petición inicial. En estos momentos se encuentra en el departamento que dirige Carmen Montón, que se ha negado a devolverlo hasta conocer el resultado del recurso. Así, los técnicos no han podido acceder. Cabe recordar que la Generalitat se ha personado como acusación particular en el caso B2B que se investiga en el juzgado de Instrucción número 4 de València. Por lo tanto no ha podido entregar la documentación para la instrucción, aunque, de momento ni la fiscalía ni el juez instructor han solicitado a Ribera Salud esta información.

El juez investiga el presunto cobro de comisiones por parte de la central de compras B2B, propiedad de Ribera Salud. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía nacional presentó un atestado en el que asegura que B2B habría cobrado comisiones ilegales a los poroveedores de endoprotésicos. Este tipo de material médico no podía pasar por la central de compras porque las empresas trataban directamente con la Conselleria de Sanidad.

En Ribera Salud han negado la mayor desde el principio y consideran que la instrucción acabará en nada. Consideran que las contraciones son legales y transparentes.