La Entidad Pública de Saneamiento, Epsar, controlada por Compromís en el marco de los acuerdos de Gobierno del tripartito, pretende excluir a la empresa mixta Egevasa, de la Diputación de Valencia, de la gestión de más de un centenar de pequeñas depuradoras en Valencia.
Fuentes de la institución provincial mostraron su extrañeza por la inclusión en el orden del día del Consejo de Administración de la Epsar, que se celebra mañana bajo la presidencia de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, de un punto sexto que literalmente contempla la «propuesta de denuncia de convenio suscrito por la Epsar con la Diputación de Valencia».
El citado convenio permite a la empresa pública Egevasa (51% de la Diputación de Valencia y 49% de Aguas de Valencia como socio tecnológico), gestionar y explotar alrededor de 140 depuradoras en más de un centenar de municipios de la provincia de Valencia.
Fuentes de la Conselleria de Agricultura aseguraron que no hay «nada decidido» y recuerdan que hace unos meses, en marzo, la propuesta ya fue debatida en el Consejo de Administración sin que finalmente se adoptara acuerdo alguno.
Fuentes de la Diputación de Valencia próximas a Egevasa, cuya dirección cayó del lado del PSPV en el marco del acuerdo de gobierno vigente en la institución provincial, expresaron su «sorpresa» por esta nueva intentona de «menoscabar» el trabajo de la empresa pública. «Hemos hablado con ellos -en alusión a los responsables de la Epsar, en la órbita de Compromís y del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro-, mostrando nuestra disposición a renegociar las condiciones de explotación -el precio por cada metro cúbico de agua depurada lo marca la propia Epsar- o introducir los cambios que propongan, pero nada: van a por Egevasa porque no la controlan», dijeron.
El conflicto ha provocado malestar en el seno de la Diputación de Valencia, que considera acreditada la capacidad de Egevasa para gestionar estas depuradoras, la mayoría de pequeños municipios y con escaso volumen de vertido.
De excluir a Egevasa de la gestión, la operación de estas depuradoras tendría que salir a concurso dando opción a otras empresas. «Parece como si quisieran privatizar una gestión que ahora mismo es pública», aventuraron.
