Eran los años de la visita del papa, la Copa del América y la Fórmula Uno. Años de mayorías absolutas del PP y grandes eventos y construcciones megalómanas, algunas de las cuales quedaron tan solo plasmadas en papel y después en falla, como la municipal de este año. Época de iniciativas encaminadas a «poner a València en el mapa». Esa geolocalización tuvo un coste. Por ejemplo, los 4,7 millones de euros que pagó el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), entidad público-privada sin ánimo de lucro presidida por la alcaldesa Rita Barberá y financiada al 100 % por el propio consistorio, a la empresa City Marketing Council.

Esta firma estaba administrada por la misma persona que lo estaba Laterne, la empresa que se encargó de la campaña electoral de 2007 de la exalcaldesa fallecida. Según consta en las declaraciones de diferentes testigos a agentes de la Guardia Civil que investigan el caso Taula (presunta malversación, blanqueo, prevaricación, financiación ilegal, entre otros delitos), Vicente Sáez, el administrador (ya fallecido), creó varias empresas que «aparentemente no tenían ninguna actividad ni personal». Una de estas era City Marketing.

Desde 2005 a 2010 se firmaron distintos contratos para, entre otros propósitos, «universalizar València». En uno de los acuerdos en el informe de la UCO al que ha tenido acceso Levante-EMV se detalla que CMC «cuenta con profesionales de contrastada solvencia internacional en el campo del ´project management´, la consultoría estratégica, marketing político, comunicación, estadística y sociología», mientras que distintos testigos aseguran que la firma no tenía personal y las tareas de administración se llevaban desde Laterne.

Los instructores indagan en la posibilidad de que esta, junto a otras firmas creadas por Sáez, constituyeran un entramado dedicado a recaudar presuntas donaciones de empresas y fundaciones para el PP. Estas declaraciones vuelven a situar a Alfonso Grau, quien firma algunos de estos contratos del CEyD, como supervisor y responsable de la campaña y las supuestas actividades delictivas que florecieron a su abrigo.

Para el periodo de enero de 2008 a diciembre de 2010 estaba previsto el desarrollo y ejecución de Valencia Experience, una empresa que más tarde se demostró ser fantasma cuando dejó sin pagar el patrocinio del Valencia CF. El presupuesto era de más de 2,5 millones de euros.

También se impulsó un «comité de difusores de la ciudad», para la «prospección y toma de contacto personal o a través de empresas de representación con personalidades de notoriedad internacional».

Además, se creó el «Club de Valencia-ciudad estadounidense», con aspiraciones de conseguir el «respaldo de la Unesco o de otra institucion internacional de similar entidad». La idea era buscar una ciudad asociada al cap i casal en el marco del «Plan de Universalización» de València. Este contrato sufrió distintas ampliaciones. Así, en 2006, el CEyD pidió la elaboración de un dossier de inversiones, la creación de una mesa de difusores y la confección de los escenarios para la mejora de la oferta turística.