Para la consellera de Obras Públicas, Maria José Salvador, invertir en el Corredor Mediterráneo es apostar «por el caballo ganador» por lo que exigió al Gobierno que, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -que se presentan este viernes- se incluya «con nombres y apellidos» una partida de aproximadamente 614 millones de euros para el tercer hilo en los tramos Castelló-Vandellós; València-La Encina y Monforte del Cid-Murcia del Corredor Mediterráneo. Y es que para Salvador estos tramos «son prioritarios» por lo que la inversión «debe ser real».

Para la consellera, esta inversión es «justa» y supone «ir desbloqueando» esta infraestructura. «Espero que el Gobierno supere su visión radial de las infraestructuras y entienda que el Corredor no pasa por Madrid», remarcó Salvador.

Puig puntualizó que si la Comunitat contara con las inversiones «adecuadas» y acordes a su aportación al PIB y a su población, la región tendría «un 15% de paro frente al 19% actual» y la región crecería «más rápido y pasaría del 3% actual a un 4,4% de crecimiento este año». «Esto significaría más puestos de trabajo», subrayó Puig, quien ha reclamado al Gobierno central que aumente «la velocidad y la intensidad» de la inversión en los PGE para el Corredor.

Además, el jefe del Consell, Ximo Puig, avanzó que el próximo 27 de abril mantendrá una reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y su equipo para «reflotar» la agenda valenciana de infraestructuras que necesita la Comunitat Valenciana. El objetivo es «dibujar y diseñar una hoja de ruta creíble».

La factura, al ayuntamiento

Mientras, en el Congreso, el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, aseguraba a preguntas de Ricardo Sixto, de Unidos Podemos, que el ayuntamiento de València «debe» financiar la prolongación del túnel de Serrería. Niño aseguró que al tratarse de proyectos urbanos «se hace imprescindible» la presencia del ayuntamiento. El secretario de Estado recordó la existencia de un principio de acuerdo en el seno de la comisión técnica en la que participa Fomento, ADIF, Renfe y el ayuntamiento de Valencia.