Durante las primeras horas tras el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Miguel López era para la Policía un testigo más que les sirvió de intermediario para comunicarse con las hijas de la víctima tras el fallecimiento de su madre. De hecho, fue a la persona a quien le entregaron las pertenencias personales de la fallecida.

Sin embargo, tras las primeras pesquisas se encontraron con que había un tema del que ni el sospechoso, ni su mujer, ni sus cuñadas hablaban: la crisis abierta por el control de las empresas del grupo familiar. Esta omisión hizo que los investigadores se centraran en el entorno familiar, tras descartar la hipótesis de un robo y de la participación de un sicario. De hecho, en los primeros momentos, la Policía creía que Miguel López no estaba en la empresa en el momento de los disparos. Así lo explicó el inspector del grupo de Homicidios responsable de la investigación del crimen en su declaración prestada ante el juzgado días atrás.

Los agentes tenían el teléfono de la víctima y habían visto en él varios archivos que evidenciaban la mala relación familiar. Entre ellos, el hecho de que se enviara el mismo mensaje por parte de un grupo de los nietos a la abuela diciendo que no querían saber nada de ella; y un vídeo en el que María del Carmen y su hermana Antonia aparecían hablando con las tres hijas sobre la desaparición de unas joyas y unos papeles. A los agentes les llamó la atención el hecho de que ni Miguel López, ni su mujer, ni tampoco las otras dos hermanas hablaron de estos sucesos. El responsable de la investigación aseguró que les resultó «chocante» que ninguna de las tres hijas se preocuparan sobre lo que había pasado, ni preguntaran sobre lo ocurrido a lo largo de la investigación. Éstas aseguraron que el crimen podría deberse a algo relacionado con los negocios de la familia en Sudamérica, pero nadie concretaba si existían amenazas en ese sentido.

Los investigadores preguntaron expresamente a Miguel López si existía algún tipo de problema familiar y éste les dijo que no, según declaró el inspector. Desde ese momento, para los agentes el entorno familiar fue la línea de investigación que cobró más fuerza.

Desde la Policía se rechazó durante el interrogatorio las insinuaciones de partidismo lanzadas desde la defensa en las líneas de investigación por haberse centrado sólo en una parte de la familia. El inspector aseguró que Vicente Sala Martínez había quedado descartado desde el primer momento porque colaboraba con la investigación y no ocultaba información a los investigadores. El inspector señaló que fue a través de él como supieron de los enfrentamientos que existían a raíz de la acción de oro, que garantizaba el control de la empresa.

Según declaró, el robo se descartó desde el primer momento, porque el dinero y las pertenencias de la víctima estaban en el escenario del crimen. A medida que avanzó la investigación se fue descartando por la Policía la presencia de sicarios. El inspector de Homicidios señaló que se hicieron comprobaciones en hoteles y vuelos, así como bases de datos policiales, sin encontrar nada que les hiciera avanzar.

Uno de los momentos determinantes para los agentes fue cuando una semana más tarde del asesinato hicieron una reconstrucción con todos los testigos de lo que hicieron la tarde del 9 de diciembre. Cada uno tenía que recrear con la mayor exactitud dónde estaba y sus movimientos. La gran incógnita con la que se encontraron los agentes fue que nadie sabía quién había puesto el coche de la víctima en el interior del lavadero de Novocar. A esto se añade que Miguel López se presentó a la reconstrucción acompañado de un abogado y que muchos de los movimientos que dice haber realizado esa tarde no cuadraban.El inspector incidió en el contenido de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la finca familiar y que, a su juicio, reflejan que tiene prisa por estar acompañado cuando recibiera la llamada de sus empleados cuando le dicen que han encontrado a María del Carmen. Según explicó, en las imágenes hizo una parada en su casa, a la que no ha dado respuesta y ha ocultado en los interrogatorios, que pudo ser para deshacerse de pruebas.