Un nuevo frente judicial de consecuencias impredecibles asoma entre el Estado y la Comunitat Valenciana. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, anunció ayer en el pleno del Congreso de los Diputados que el Gobierno presentará un recurso contencioso-administrativo si la Conselleria de Educación no rectifica el modelo lingüístico que tiene previsto implantar el próximo curso en las aulas. La amenaza, que el conseller Vicent Marzà trató de minimizar en los pasillos de las Corts, constituye un amago de ruptura de la nueva paz judicial que impera entre ambas Administraciones tras la formación del Ejecutivo en minoría de Mariano Rajoy y el traspaso de competencias a Soraya Sáez de Santamaría. También marca un punto de inflexión que recuerda los recursos judiciales del Gobierno (ante el Tribunal Constitucional) contra las leyes valencianas de custodia compartida, de régimen económico matrimonial y de uniones de hecho, y que deja atrás la páctica que se venía implantando: crear una comisión mixta para liquidar las controversias en el plano político sin necesidad de judicializarlas.
En respuesta a una pregunta parlamentaria de Ciudadanos muy crítica con el decreto de plurilingüismo del Consell, Méndez de Vigo recordó que el ministerio ya ha remitido una carta a la Generalitat y afirmó: «Ahora es la conselleria la que tiene que rectificar. Y tiene que rectificar porque, si no lo hace, dentro del plan establecido se le enviará un requerimiento. Y si no atiende al requerimiento, iniciaremos un contencioso-administrativo».
Para recalcar más la posición crítica del ministerio, Méndez de Vigo adelantó que «el ministerio no aceptará una respuesta que mantenga diferentes requisitos para conseguir la acreditación máxima de inglés en función del nivel de valenciano o castellano que se imponga». Por ello, concluyó, el Gobierno evitará discriminaciones y actuará «con contundencia dentro de la ley y de la lealtad institucional».
El decreto que ha tensado la cuerda entre ambas Administraciones es el Programa Plurilingüe Dinámico aprobado por el Consell, que pone fin a la doble línea en valenciano y en castellano y permite a los centros elegir uno de los tres niveles de plurilingüismo -Básico, Intermedio y Avanzado- en función de la mayor o menor presencia del valenciano y el inglés. Sólo el alumnado de los centros que apuesten por los programas con presencia mayoritaria del valenciano, el Avanzado 1 y el Avanzado 2, podrán obtener automáticamente al aprobar el Bachillerato el certificado del B1 de Inglés y el C1 (Mitjà) de valenciano. El resto de alumnos podrá conseguir esos certificados realizando un examen.
Seguro de que no pasará nada
El conseller de Educación, Vicent Marzà, reaccionó con templanza a las palabras del ministro. Pero dejó claro que no cambiará el decreto. «Todas las dudas que nos han planteado tienen solución directa en el propio decreto. No hay que modificar nada», señaló Marzà.
La respuesta de la conselleria al ministerio ya está redactada; solo falta la firma y su envío a Madrid. El conseller considera que no hay «ninguna problemática legislativa» en su nuevo modelo de plurilingüismo y tiene «la seguridad» de que el ministerio no acudirá a los tribunales y quedará satisfecho con la inminente carta de respuesta del Consell. «No hay ninguna necesidad de rectificar nada», insistió.
Tanto el ministerio como la conselleria se han negado a divulgar la carta del Gobierno tras un informe de la Alta Inspección de Educación. Marzà dio algunas pistas acerca de las preocupaciones expresadas por el Ejecutivo central. Por ejemplo, «quién es la persona adecuada para determinar o aprobar el proyecto lingüístico de cada centro», o «cómo se aplicará el proyecto y los diferentes niveles», dijo Marzà. Es posible que, de momento, haya asomado la punta de un iceberg judicial. La programación educativa de cientos de miles de estudiantes está en juego.
