El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, abogó ayer por mantener el «diálogo» sobre el decreto de plurilingüismo con el Ministerio de Educación e incluso se mostró abierto a «cualquier formulación» que pueda hacer «para mejorarlo». «Nosotros somos gente dialogante y gente que no es arrogante. La Administración arrogante es el pasado y nos gustaría que el Gobierno tampoco lo fuera», subrayó.

En declaraciones a preguntas de los medios, el jefe del Consell explicó que el objetivo del decreto de plurilingüismo es «superar cierto analfabetismo que tenemos sobre todo en el inglés, pero también en el valenciano» y aseguró que no quieren que la lengua se convierta en «objeto de confrontación», por lo que «las vías de diálogo que la conselleria ha emprendido en todo momento las vamos a mantener», ha garantizado. El ministro, por supuesto, había manifestado horas antes que no quiere convertir las lenguas en «un arma arrojadiza».

Ximo Puig sí que fue explícito al reivindicar que «las competencias exclusivas en Educación son de la Generalitat, y la Generalitat va a ejercerlas». «Otra cosa es que hay cuestiones de carácter normativo general» que pueda hacer el ministerio en aquello que sea de su responsabilidad, explicó, y «si alguna cuestión se estima nosotros somos gente dialogante».

Según el presidente del gobierno bipartito, en la Comunitat Valenciana existe un problema respecto a la capacitación lingüística de los alumnos que el decreto quiere superar. «Queremos que los niños sepan castellano, valenciano e inglés y esa es nuestra única ambición, cualquier formulación que se haga para mejorar el decreto, hay una posición favorable por parte del Gobierno». Puig respaldó la actitud del conseller Vicent Marzà, quien a su juicio «hizo una magnífica intervención en el Senado esta misma semana y creo que ha dejado bien claro cuál es la posición del Gobierno valenciano que no quiere la confrontación en el campo lingüístico», sentenció.

«Un chantaje en toda regla»

El PP de la provincia de Castelló agradeció la «encendida defensa» del Gobierno de España «de la libertad de los padres» y afirmó que el decreto del Consell es «un chantaje en toda regla a los padres para conseguir los fines nacionalistas que pretende Compromís con el beneplácito de los socialistas». El diputado Óscar Clavell dijo que «el Ejecutivo seguirá hasta el final en la defensa de la libertad de los padres con todos los medios a su disposición».