El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, encargado del caso Cooperación, ha abierto una nueva pieza para investigar presuntas irregularidades en la contratación por parte de la extinta Conselleria de Inmigración -posteriormente Conselleria de Solidaridad-, cuando estaba dirigida por Rafael Blasco, de servicios informáticos en los que intervino el empresario Augusto César Tauroni por valor de más de un millón de euros.

Según fuentes consultadas, se trata de la pieza cuarta de este caso. La primera, ya cerrada con sentencia condenatoria firme, se refería a irregularidades en subvenciones para proyectos en Nicaragua; y en la segunda y la tercera se investigan otras ayudas a diferentes ONG y la proyección de un hospital en Haití. La semana pasada se rompieron las negociaciones que la fiscalía y Tauroni estaban manteniendo precisamente para conseguir un acuerdo respecto a estas dos piezas por motivos que afectaban «a la seguridad», aunque no trascendió de quién.

Junto a estas piezas, la Audiencia obligó a la jueza del 21 a investigar el uso que hizo Tauroni de un ordenador portátil que le intervinieron en la cárcel, ,como destapó Levante-EMV. Ahora la magistrada abrirá nueva pieza o causa (aún no se ha notificado formalmente, según fuentes oficiales consultadas) para esclarecer estos hechos, que la jueza entendía que se tenían que indagar en Picassent, el lugar donde se cometieron.

La quinta pieza correspondería a los contratos informáticos que a finales del pasado año la instructora remitió al Decanato para que se repartieran a otro juzgado al entender que eran ajenos a las piezas de Cooperación. Sin embargo, finalmente será esta magistrada, quien en ese momento vio indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos, la que indague sobre estas contrataciones, realizadas durante la etapa de Blasco en distintos departamentos de la conselleria que dirigía.

La investigación se centra en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 y consiste en el presunto amaño de contratos informáticos, adjudicados desde la Administración valenciana a Fujitsu y a otras dos empresas, que terminaron siendo subcontratos a las sociedades de Tauroni.