No es que el Gobierno central legisle para garantizar el derecho a la vivienda y evitar desahucios es que, si la Comunitat Valenciana lo hace (que lo ha hecho), piensa presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Por eso, la consellera de Vivienda, María José Salvador, aseguró ayer que el Gobierno de Mariano Rajoy actúa «como el perro del Hortelano, que ni come ni deja comer».
Y es que el Gobierno de España ha invitado al Consell a participar en una comisión bilateral para resolver «las discrepancias» sobre algunos apartados de la ley de la Función Social de la Vivienda. Este es el paso previo antes de presentar un recurso inconstitucional. El Consell acudirá a la cita, pero ya han adelantado que defenderán la normativa porque los puntos señalados por el Gobierno son «la base y la esencia» de la ley. El debate está servido.
El Gobierno discrepa en dos puntos concretos. El primero hace referencia a que la vivienda «sea un derecho subjetivo», es decir, a que las Administraciones tengan la responsabilidad de garantizar ese derecho a las personas que lo necesitan, «como reconoce el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos», aseguró Salvador.
Entre la banca y el afectado
El segundo apartado cuestiona la mediación contemplada en la ley, según la cual la Administración se puede sentar con entidades bancarias y particulares para intentar un acuerdo en casos de ejecución hipotecaria y evitar que pierdan su vivienda, por ejemplo modificando el contrato de compraventa por uno de alquiler con derecho a compra. Es más, solo en un mes seis desahucios se han resuelto desde ese servicio de mediación. La consellera dio estos datos durante el primer balance de la puesta en marcha de las tres oficinas Infovivienda, que han asistido y asesorado a 247 familias desde su puesta en marcha.
«La ley es útil. La defenderé en la comisión bilateral porque es nuestra obligación proteger a quienes no tienen un techo o están a punto de perderlo. El Gobierno no afronta el problema pero, si las autonomías dan un paso valiente y sincero, tampoco nos dejan. Queremos situar a la Comunitat en la vanguardia del derecho a la vivienda digna», avisa Salvador.
