Con mucho suspense hasta el final­ -el inicio del consejo de Administración se aplazó una hora-, la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) de la Generalitat Valenciana, presidida por la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, decidió aplazar una vez más la decisión sobre la denuncia del convenio que la Epsar mantiene con la Diputación de Valencia para la gestión de 59 depuradoras.

De este modo se respetaba el acuerdo alcanzado unas horas antes entre Elena Cebrián y el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, para «dejar sobre la mesa» el punto sexto del orden del día y buscar un acuerdo entre ambas instituciones.

Según declaró el diputado provincial y alcalde de Albal, Ramón Marí, la propuesta de la consellera de aplazar 6 meses la decisión fue adoptada desde el principio «sin entrar a debatir» la propuesta de denuncia de convenio. «Nos hemos dado un plazo y vamos a estudiar todo este asunto en una comisión en la que participará el gerente de la Epsar, Enrique Lapuente; el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Álvaro, y yo mismo», explicó.

Fuentes de Medio Ambiente dijeron que la decisión final debería adoptarse, a ser posible, «antes del verano, para que la Epsar pueda planificar mejor el trabajo».

El argumento principal usado por la gerencia de la Epsar para anular el convenio es económico. La Epsar pretende «recuperar» la gestión de las depuradoras, y sacarlas a concurso para obtener «mejores precios para el servicio producto de las bajas ofertadas por las empresas». Es decir, transferir a empresas privadas lo que hoy gestiona una empresa pública, lo que contrasta con el discurso de «remunicipalización» del ciclo hidráulico con el que se alinea Compromís o el propio Lapuente.

Para apoyar este discurso, la Epsar presenta unas cifras donde compara el coste de depurar a través de la empresa pública Egevasa con la media de las instalaciones en la Comunitat Valenciana en el que la firma de la diputación de Valencia resulta ligeramente más cara.

Un informe de la institución provincial desmonta esta tesis y desvela que los datos presentados ante la consellera por la empresa que preside son, cuanto menos, incompletos. Se han comparado solo los costes de las pequeñas depuradoras, que representan apenas el 3,43% de todo el caudal que tratan las depuradoras del convenio con la Diputación de Valencia.

«No se puede enjuiciar todo un convenio utilizando para ello el segmento más desfavorable, que tiene un peso del 3,43% del caudal tratado, cuando existen, además, costes que se aplican individualmente a cada EDAR por cumplimiento de la normativa y que para estas depuradoras pequeñas hace que se eleve el coste del metro cúbico», asegura el informe.

«El convenio hace que se compensen los costes más elevados que tienen los municipios de menor tamaño y se garantice la prestación del servicio a todas las entidades locales», concluye .