El motivo de que los departamentos de salud del modelo Alzira estén remitiendo menos pacientes al IVO, tal como denuncian desde la institución desde que en enero se acabara el concierto marco con la Conselleria de Sanidad, podría ser una mera cuestión económica. Según confirmaron ayer fuentes del Consell, desde que la administración no tiene concierto en vigor con el IVO, son las concesionarias las que deben abonar por esta atención por paciente derivado, ya que ha dejado de existir un convenio de colaboración con la administración al que remitirse.
La Conselleria de Sanidad ya dejó de pagar en su día las facturas de los pacientes tratados en el Instituto Valenciano de Oncología que eran remitidos desde los hospitales bajo gestión privada (Alzira, Elx-Crevillent, Dénia, Manises y Torrevieja) aunque una sentencia de 2014 les obligó a pagarlas y a desembolsar 5,5 millones de euros.
El argumento de la administración era que la derivación a la fundación privada sin ánimo de lucro por parte de las empresas gestoras (Sanitas, Ribera Salud y DKV) era un desahogo directo para sus cuentas que no pasaba por ningún filtro y, de hecho, desde Compromís, entonces en la oposición, se criticó que esta forma de trabajar suponía un «cheque en blanco» de dinero público para estas empresas privadas.
Desde aquella sentencia, la conselleria asume el total de las derivaciones aunque la pérdida del concierto ha hecho cambiar esta realidad hasta el punto de que esto puede ser un condicionante para que los vecinos de estos departamentos de salud puedan acceder a los tratamientos del IVO de forma directa desde sus departamentos de salud.
Desde las concesionarias, solo el hospital de Manises, gestionado por Sanitas, explicó que desde hace unos meses (cuando todavía había concierto en vigor) están cumpliendo con la nueva distribución de circuitos de atención oncológica y que, en este sentido, su hospital de referencia era La Fe. De este modo rechazaron que la extinción del convenio haya tenido algo que ver en su relación con el IVO.
Silencio de Ribera Salud
Por contra, desde Ribera Salud, empresa que controla tres de las cuatro restantes (en la cuarta está al 35 % junto con DKV) y que es responsable de la salud de un 20 % de los valencianos, se negaron precisar su volumen de derivaciones al IVO desde enero, acogiéndose a las órdenes de Sanidad que obligan a la gestora de Alzira a consultar todas las decisiones con el Consell en previsión de la reversión el año próximo.
Tres meses sin concierto
El concierto marco por el que el IVO se «incluía» como un recurso más de la sanidad pública valenciana está extinguido desde el pasado mes de enero y la administración está todavía pendiente de proponer un nuevo acuerdo marco para seguir colaborando con la institución.
La intención del Consell, o al menos lo manifestado hasta ahora por la consellera Carmen Montón, es seguir contando con la fundación privada, especializada en la atención oncológica tanto por su «arraigo» como por su «prestigio».
Sin embargo, para la fundación, el tiempo que se está tomando Sanidad en poner estas intenciones en negro sobre blanco está siendo demasiado. De hecho, Sanidad sigue sin concretar fechas. El pasado 13 de marzo el Diario Oficial de la Generalitat recogía ya la orden para regular la prestación de servicios de forma concertada, normativa que según defienden desde Sanidad es necesaria para seguir trabajando con el IVO tras los cambios legislativos en Europa. Con la ley publicada, «se está trabajando ahora en sacar a licitación» esta colaboración por lo que los plazos se pueden alargar hasta el segundo semestre del año.
Pérdida de pacientes
Los pacientes que ya estaban siendo tratados siguen recibiendo atención en el IVO sin problemas aunque las condiciones para entrar de nuevas en la fundación han variado. Con el concierto en vigor, el 72 % de los pacientes tratados en el IVO lo eran por la vía de la libre elección. Sin embargo, el decreto 74/2015 de 15 de mayo que regula esta libre elección niega la posibilidad al no pertenecer la fundación a los centros y servicios sanitarios del sistema valenciano de salud. Pese a la entrada en vigor de este decreto, el concierto vigente hasta diciembre de 2016 seguía amparando esta práctica que a partir de enero de este año queda ya sin cobertura legal.
Sin concierto y con el decreto 74/2015 vigente, la conselleria ha redoblado las autorizaciones necesarias para remitir a pacientes a la fundación y no todo aquel que quiera tratarse en el IVO puede hacerlo ya que es necesaria una autorización médica expresa.
Dos inspectoras delegadas se encargan de validar -bajo criterios clínicos- que las personas que se acercan a las instalaciones de Beltrán Báguena cumplen los requisitos para ser atendidas ahí y no dentro del sistema público. Sanidad insiste en que, pese a ello, no ha habido bajada de la derivación de pacientes, algo que el IVO niega y señala responsables: los departamentos del modelo Alzira y el consorcio hospitalario del General.
