La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas calcula que unas 450 familias se podrán beneficiar del proceso de legalización de la ocupación de viviendas que lleva a cabo. Como ya publicó Levante-EMV, la conselleria detectó unas 500 viviendas públicas que fueron ocupadas antes de julio de 2015, con el gobierno del PP, como causa de lo que consideran «la falta de una política activa de vivienda del anterior Consell».
El Gobierno del Botànic negociaba cómo regularizar la situación de aquellos que ocupaban un domicilio que se había convertido en habitual. En la resolución, publicada ayer, la Conselleria detalla que sólo en tres casos, entre los diferentes que se pueden acoger a la medida, los okupas sin recursos deberán «asumir el pago de una cantidad equivalente a los meses que lleve ocupando la vivienda como si la ocupación hubiera tenido lugar en arrendamiento, con un máximo de 24 mensualidades».
En concreto, esta será la situación de las familias numerosas, las monoparentales y las unidades familiares con hijos menores de edad que habiten en una vivienda sin título. «En todos los casos, la cantidad que los ocupantes deben asumir para que su situación sea regularizada, se calculará conforme a la normativa aplicable para el cálculo de la renta de las viviendas de promoción pública».
La Administración también tendrá en cuenta, «las circunstancias personales y socioeconómicas de la unidad familiar», que marcarán la cantidad total a pagar, que se podrá fraccionar.«Hemos querido solucionar el problema de la gente y actuar con equidad y con las personas que también están pagando sus rentas», apuntan fuentes de la Conselleria.
En el caso de las personas en situación de máxima vulnerabilidad (familias con algún miembro discapacitado, víctimas de violencia machista, parados sin prestación o mayores de 60 años) no habrá ningún pago retroactivo.
Unos y otros deberán reunir las condiciones generales para ser adjudicatario de viviendas de promoción pública, pero además, tendrán que acreditar que la vivienda ocupada es residencia habitual desde antes de julio de 2015 y recibir la visita de técnicos de la Entidad de Infraestructuras de la generalitat (EIGE) para comprobar el estado del domicilio.
Además, la orden también detalla una serie de requisitos subjetivos que se valorarán en cada caso, como que no consten reclamaciones de los vecinos de la vivienda ocupada; el informe de los servicios sociales sobre la posibilidad de acceder a otra vivienda; la adecuación de la vivienda al número de ocupantes; o el arraigo en el barrio.
Desde la conselleria aseguran que no son ocupaciones «al uso», sino que muchos disponían de un contrato, roto por impagos y aún no se ha ejecutado el desahucio; y otros ofrecieron la vivienda a familiares.
