La Generalitat continuará sangrando por la financiación autonómica hasta que esta no se reforma al menos. habrá que ver si sucede este año, como aseguró Mariano Rajoy en la conferencia de presidentes autonómicos del mes de enero, y si la Comunitat Valenciana mejora con el hipotético nuevo modelo. De momento, las cuentas de 2017 presentadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reinciden en el fondo que castiga especialmente a las arcas valencianas. En virtud de este concepto, el Gobierno se cobrará este año otros 1.343 millones de euros, recortados del balance de la financiación. La cifra es similar a la de los últimos ejercicios.
El Fondo de Suficiencia Global (así se llama) es hijo de la reforma de la financiación de 2009 (etapa de José Luis Rodríguez Zapatero) y está pensado para garantizar el mantenimiento del statu quo , el reparto histórico de recursos que prima a los territorios con menor densidad de población y en el que la C. Valenciana quedaba mal parada.
El resultado es que la Generalitat es ahora la principal damnificada de este Fondo de Suficiencia Global. En 2015 tuvo que aportar 1.375 millones; el año pasado, 1.329, y las cuentas de 2017 contemplan otros 1.343,8 millones.
La valenciana es así la autonomía que más ingresa al citado fondo de las cuatro a las que les toca pagar. Las otras tres son Madrid (700 millones), Baleares (651) y Murcia (186). El resto son las beneficiarias.
De esta manera, la Generalitat aporta cada año algo menos del 50 % de este Fondo de Suficiencia Global que lastra sus cuentas. Los 1.343 millones se restan a la cantidad que le tocaría por la suma de la financiación autonómica. El resultado de la operación son los caso 10.000 millones que Montoro ha subrayado que la C. Valenciana recibirá este ejercicio, 851 más que en 2016.
Se da la circunstancia de que estos 1.343 millones coinciden prácticamente con el cálculo de la infrafinanciación valenciana: los 1.325 millones «reivindicativos» que la Conselleria de Hacienda incluye en los presupuestos autonómicos en virtud de la población y que el PP reprueba por ficticios, ya que el actual modelo no los contempla.
La Generalitat intentó en 2016 eliminar este fondo a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero se topó con una resolución judicial negativa.
Por otra parte, el pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua se sumó ayer a la reivindicación por una mejor financiación y un mejor trato en los presupuestos con una declaración oficial. La AVL también aprobó un escrito de apoyo al derecho civil valenciano.
