La Coordinadora Valenciana de ONGD seguirá trabajando activamente para conseguir una «sentencia efectiva» en el caso Cooperación que suponga la restitución de los fondos defraudados para que se destinen a un aumento de presupuesto para la cooperación al desarrollo. La coordinadora, que ha celebrado su trigésima quinta asamblea general ordinaria, aprobó ayer por unanimidad trabajar en la acusación popular de la causa judicial del que denominan «caso Blasco» (en alusión al exconseller Rafael Blasco, actualmente en prisión por la primera pieza del caso Cooperación).

A la organización le preocupa «un posible acuerdo entre las defensas y la Fiscalía Anticorrupción que puedan suponer la impunidad en los graves delitos cometidos presuntamente». A la vista de la instrucción del caso, temen un «cierre en falso que no considere la comisión de determinados delitos, obvie la correspondiente inhabilitación de los cargos públicos implicados, además de que no garantice la efectiva devolución de fondos, al no establecer mecanismos para ello».

Por otra parte, la Coordinadora ha marcado como prioridad en su plan de trabajo aprobado la actualización del Pacto Valenciano contra la Pobreza en la línea del actual, para implicar a todas las fuerzas políticas con representación en las Corts. Desde la organización han denunciado el recorte de los fondos en un 70 % a nivel estatal y en un 85 % en la política de acción humanitaria, mientras que las crisis humanitarias «se agudizan» mientras y «65 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares». «Algunas, precisamente, por el cambio climático en desastres no tan naturales como en Perú y Colombia o la sequía en Etiopía y Somalia, otras por guerras y complejos conflictos como en Siria, Sudán del Sur, Yemen o Nigeria, por violaciones sistemáticas de derechos humanos o por pura miseria», añaden.

Aviso al Consell por el o,7 %

La Coordinadora se muestra preocupada frente al anuncio gubernamental de dedicar fondos de Cooperación al Desarrollo a la atención de refugiados mientras, además, han incumplido su compromiso de acogida, ya que de los 17.387 refugiados que estaban comprometidos a acoger, sólo hay 1.212. Además, señalan que a pesar de que los presupuestos han aumentado en la Comunitat Valenciana, todavía se está «lejos de los compromisos electorales» de un 0,7 % en la línea marcada por el Pacto Valenciano contra la Pobreza y la Ley Valenciana de Cooperación al Desarrollo. «Nos preocupa que las políticas de cooperación se desdibujen», señalan.