El caso que ha salpicado a los tres funcionarios nace de una denuncia contra la ocupación ilegal de un restaurante de la isla de Benidorm. Este negocio está instalado desde 1967 sin ningún permiso ni fiscalización, según la demanda de la Asociación Costa Blanca. Según las estimaciones de esta asociación que ya han sido trasladadas al juez instructor y al fiscal, la empresa propietaria del restaurante y los servicios de transporte pueden estar facturando cerca de 2,2 millones al año entre comidas y transporte de turistas «sin ingresar el IVA en la hacienda pública».
En 2004, el Ministerio de Medio Ambiente ya calificó de «ocupación ilegal» esta actividad hostelera, que carece de declaración de impacto ambiental, que está ubicada en el parque natural de la Serra Gelada y cuyo propietario fue sancionado por instalar un pantalán que, tras retirar, ha vuelto a colocar sin permiso. De momento, el negocio continúa a pleno rendimiento.
Durante los interrogatorios que ya se han realizado a algunos de los empleados, todos han reconocido que el propietario del establecimiento es José Cervera Rodríguez, ya jubilado, y que figura como apoderado de las empresas. Esta persona es muy conocida en la capital de la Marina Alta y con importantes relaciones políticas y empresariales.
