El nuevo modelo de servicios sociales de la Comunitat Valenciana permitirá cuadriplicar la plantilla de profesionales de los equipos municipales. Así, según anunció la vicepresidenta Mónica Oltra ayer, la ratio pasará a ser de un profesional por cada 12.742 habitantes, que es lo que había tras los recortes, a uno por cada 3.211 habitantes en 2017.
La también consellera de Igualtat y Políticas Inclusivas presentó ayer el nuevo modelo de los servicios sociales municipales y anunció que para 2017 se prevé una inversión en las localidades de 36,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 118 % respecto a 2016.
Este aumento en el presupuesto permitirá a los ayuntamientos incrementar las contrataciones de personal, pudiendo pasar de los 352 profesionales con los que se contaba hace dos años, hasta los cerca de 1.400 que podrían llegar formar parte de los equipos sociales municipales, según explicó la vicepresidenta, quien criticó que el anterior Consell dejo «desmantelados» estos servicios.
El nuevo modelo presentado ayer y que debe incidir en la «prevención», se incluirá en la futura ley, de la que se prevé que haya un borrador en el segundo semestre del año, y se ha elaborado al constatar las «cifras de emergencia» que hay en la Comunitat Valenciana.
Oltra recordó que, según datos de 2015, el 32,9 % de los valencianos está en situación de exclusión social, y el 25,3 % sufre pobreza económica.
Asimismo, además de que los municipios contarán con más medios y profesionales, la vicepresidenta también apuntó que las aplicaciones informáticas existentes -unas 118- se unificarán en una única plataforma, común para todos los municipios.
Con el nuevo modelo, las entidades locales contarán con equipos multidisciplinares con una «rigurosa formación profesional» que en 2019 deberán estar compuestos por un trabajador social, un educador social, un psicólogo, un asesor jurídico y un encargado de las labores administrativas.
Mónica Oltra denunció la escasa colaboración del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales en la financiación del Plan Concertado para las Prestaciones Básicas, que debe hacerse entre ayuntamientos, Consell y Estado, pero en el que este último solo aporta el 17,4 % y no el 25 %.
