La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la de la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha visto cómo en 2016 se reducían de manera considerable las quejas de ciudadanos con respecto al primer ejercicio del «Gobierno del cambio» (de 3.905 a 1.120). Sin embargo, continúa siendo aquella a la que el Síndic de Greuges dedica más páginas con observaciones en su informe anual. Dependencia, infancia, renta garantizada y servicios sociales son frentes de actuación permanente del defensor del pueblo valenciano.
La novedad en este documento es que la Conselleria de Educación pasa a ser la gran protagonista. La memoria presentada ayer a las Corts por el Síndic, José Cholbi, subraya que el departamento de Vicent Marzà acapara 5.259 quejas de las 14.143 presentadas el pasado año (el 37 %). Nunca había habido tanta «conflictividad» escolar, señala el informe.
Ninguna administración es declarada hostil, pero el Síndic es especialmente severo con el departamento de Oltra: «A lo largo de 2016 ha empeorado lo que ya era una situación inaceptable», porque «la tramitación de las quejas se eterniza».
Cholbi lamenta además que estos retrasos, habituales en el área de bienestar social, «han empezado a observarse» en el acceso a la vivienda pública o al empleo público.
La memoria de 2016 incide en los «muchos» problemas por la aplicación de la ley de Dependencia a pesar de «las mejoras» y el incremento de recursos. La prueba, dice, es que en este apartado concreto han aumentado las reclamaciones.
«El problema más recurrente sigue siendo el retraso en la tramitación de expedientes», afirma, lo que causa que aún haya alrededor de 50.000 solicitantes sin recibir prestación alguna. «Se avanza, se resuelven más expedientes de los que entran, pero permanecen bolsas importantes», aseguró el adjunto a la sindicatura Ángel Luna.
La razón del crecimiento de quejas educativas (de 3.106 en 2015 a 5.259) deriva de la actuación de la Mesa por la Libertad en la Educación, presidida por Vicente Morro, contra el llamado «arreglo escolar» y la «supresión de unidades en centros concertados», explicó el otro adjunto, Carlos Morenilla. En total, se acumularon más de 3.000 quejas solo por esta razón.
«Esta institución no compartió el criterio de que hay que suprimir plazas en centros concertados siguiendo el principio de subsidiaridad de la enseñanza privada concertada respecto a la pública», resalta la memoria, que sí que reconoce el derecho del Consell a regular la política educativa.
La resolución del Síndic recomendaba que esta competencia se compatibilizara con el derecho constitucional de los padres a elegir centro. Fue aceptada con matices por Educación y se archivó.
La jornada continua y el plan de gratuidad de los libros de texto (Xarxa Llibres) han sido los otros ejes de las reclamaciones educativas. En estos casos, los expedientes continúan abiertos y no hay resoluciones todavía.
La «perversión» de los interinos
El elevado porcentaje de interinos en la administración, «una perversión del sistema», es otro motivo de «cuantiosas» quejas. El Síndic incide asimismo en «la vulneración del derecho de los ciudadanos a dirigirse y relacionarse con la administración en valenciano», motivo común de las quejas sobre derechos lingüísticos.
Cholbi subrayó que de las 14.143 quejas recibidas (en 2015 fueron 13.604) hay 47 abiertas de oficio, lo que supone un notable incremento (32 durante el ejercicio anterior).
