Compromís ha registrado en el Congreso una proposición de ley de reforma del Código Penal para que los partidos que se beneficien de una financiación ilegal puedan ser suspendidos temporalmente de actividad, se les prohíba recibir subvenciones o incluso puedan ser disueltos.

Con esta iniciativa, recogida por Europa Press, el partido valenciano pretende cubrir el "vacío legal" que, a su juicio, existe actualmente en la legislación española, pues permite castigar de forma individual a quien participe en estructuras de financiación ilegal, pero no a los partidos, como personas jurídicas, que las montan o se benefician de ella.

En concreto, recuerdan que el artículo 304 ter persigue a quien "participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, "cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley", pero que los jueces y tribunales no pueden imponer la disolución del partido político que eventualmente pudiese "haber promovido la financiación ilegal o haberse beneficiado de ella".