Una muletilla se hizo célebre en los tiempos dorados del campsismo: «La deuda me ocupa, pero no me preocupa». La repitieron como un mantra los distintos consellers de Hacienda para restar importancia a una bola de nieve que nunca dejaba de crecer. Tanto se disparó que hoy no es que la deuda ocupe sino que se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de un Consell con la soga al cuello permanente por el inasumible volumen de pagos heredado.
La deuda pública valenciana alcanzó el viernes pasado un nuevo máximo histórico, al situarse en los 44.658 millones al cierre de 2016, según el Banco de España. Lo novedoso es que por primera vez más del 76% de ese importe, 34.224 millones, lo tiene el Consell en manos del Estado, como consecuencia de los préstamos del rescate y los mecanismos de liquidez que han evitado la quiebra desde 2012.
El dato se ha conocido justo en los días en que tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el de Economía, Luis de Guindos, han abierto la puerta por primera vez a una quita de la deuda a través de esos fondos de liquidez, de la que podrían beneficiarse las autonomías más infrafinanciadas, como la valenciana.
La intención de Hacienda es incluir esos préstamos en una futura negociación para poder aprobar el nuevo modelo de financiación, aunque esperará al dictamen de la comisión de expertos. De momento, en el Consell no han recibido ninguna comunicación sobre la posibilidad de esa quita.
¿Pero cuando empezó la deuda valenciana a convertirse en inasumible? El punto de inflexión parece claro y se encuentra más o menos en la mitad de los mandatos de Francisco Camps, que coincide con la llegada de la crisis económica y la caída de ingresos. El ocultamiento de facturas (que motivó incluso una multa millonaria de la Unión Europea) sirvió durante años para maquillar las cuentas, pero toda esa deuda oculta, que prácticamente era el doble de la declarada, acabó por estallarle al sucesor de Camps, Alberto Fabra, que se vio obligado a airearla para poder optar a los préstamos del rescate. En cuatro años, los números rojos se dispararon de 21.860 a 41.998 millones.
Impagable según la sindicatura
La mochila, impagable según el Síndic de Comptes, es también la más pesada de España. En términos de PIB supone el 42 % y en comparación con otras autonomías abre un boquete inmenso ya que en territorios como Madrid o el País Vasco es del 14%.
Pero no siempre fue así. Los primeros años de autogobierno, que coincidieron con la presidencia del socialista Joan Lerma, situaron la deuda valenciana en los 2.750 millones, siempre por debajo de la media española. En los siete años de gobierno de Eduardo Zaplana los números rojos se triplicaron. Cuando Francisco Camps llegó a la presidencia de la Generalitat, estaba ya en 7.712. En ocho años de presidencia, Camps igualó el registro de Eduardo Zaplana y también multiplicó la deuda por tres hasta alcanzar los 20.547 millones.
En marzo de 2013, tras aflorar las facturas ocultas se rompe la barrera de los 30.000 millones y tal era el volumen de deuda escondida que en dos años más se superaron por primera vez los 40.000. Si hace veinte años la deuda según el PIB no llegaba al 10% hoy supera el 45%. Una ruina en diferido.
