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Anteproyecto de ley

El Consell prohibirá al sector público contratar por más de 5 millones sin autorización

La Generalitat amarra a sus empresas y fijará por ley que no puedan recurrir a asistencia jurídica sin conocimiento de la Abogacía

El Consell quiere atar corto al sector público instrumental, el conglomerado de empresas dependientes de la Generalitat que durante años se convirtió en un terreno abonado al descontrol y al aumento desproporcionado del gasto y la deuda. Un sector mastodóntico que acabó por desarrollar una administración en paralelo a la que ahora el Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra quiere amarrar con una ley de ordenación que llevará próximamente a las Corts.

A punto de cumplirse los dos años de gobierno, el Consell del Botànic ya cuenta con un anteproyecto de ley reguladora del sector público instrumental, del que ya informó ayer Levante-EMV.

Entre las novedades que recoge el articulado figura la obligación de que las firmas públicas tengan que contar con una autorización expresa y previa por parte del Consell para poder realizar cualquier contratación que supere los cinco millones de euros.

La imposición afecta a la celebración de contratos de cualquier tipo y naturaleza jurídica que se sitúen por encima de esa cantidad, por lo que antes de la aprobación del expediente de contratación, el Consell tendrá que emitir una autorización, previo examen de la Comisión Delegada de Hacienda.

Informe de Hacienda

En el borrador de la norma que amplía el control al sector público se incluye también la necesidad de un informe favorable de la conselleria de Hacienda y Modelo Económico, la competente en el sector público, y la empresa pública de la que parta la iniciativa de contratar por más de cinco millones tendrá que elaborar una memoria que justifique con precisión la necesidad de acometer ese gasto y la existencia de crédito suficiente para hacer frente al dispendio.

Además, el Consell se guarda la posibilidad, según recoge el anteproyecto, de variar ese tope de cinco millones, que podrá ser modificado en las sucesivas leyes de Presupuestos autonómicos.

Además, la Generalitat se garantiza también por ley que todos los contratos que el sector público celebre con empresas privadas y que estén destinados a la prestación de servicios de auditoría o de asistencia jurídica deberán ser previamente autorizados por la Intervención y la Abogacía de la Generalitat respectivamente.

En esencia, el borrador de la norma viene a ampliar los controles a los que el Consell va a someter al sector público, que a finales de 2015 acumulaba una deuda de 4.843 millones, una cifra que casi cuadruplica el presupuesto anual de todo el entramado empresarial público, fijado en 1.450 millones para 2016. Además, los presupuestos de 2017 recogían ya un cambio de tendencia en el aumento constante de la deuda del sector público. En concreto prevén una deuda a largo plazo de ?.??? millones y otra a corto de ??? millones, sin contar el pasivo que las firmas públicas mantienen con otras dependientes del Consell.

Cerrar entes con pérdidas

Como ya informó ayer este diario, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, someterá a vigilancia al sector público de la Generalitat y en el caso de que durante un periodo de tres años persista una mala gestión o que durante este tiempo no se corrija una situación de insostenibilidad financiera se podrá incluso proponer su supresión.

Por ello, la ley obligará a todas la entidades a contar con una programación plurianual estratégica con un vigencia de tres años y a elaborar un informe de control de eficacia y eficiencia. La clave es que al igual que el Ministerio de Hacienda tiene la opción de intervenir las cuentas de la Generalitat si esta incumple los objetivos de déficit, Soler podrá obligar también a planes de ajuste o al cierre.

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