Mandaron una carta de aviso y están cumpliendo con lo prometido. La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha denunciado a siete ayuntamientos valencianos por colgar la bandera republicana de sus balcones el pasado 14 de abril.
Los consistorios afectados por este recurso ante el contencioso administrativo son Paiporta, Xeraco, Barxeta, Buñol, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna y Algemesí, según informaron las fuentes consultadas por Levante-EMV.
A estos siete se suman los dos consistorios demandados la semana pasada, esto es, Silla y Sagunt. En total, nueve municipios cuyas actuaciones han sido recurridas al considerar el Gobierno que no se ajustaba a derecho. Según informaron fuentes de la delegación, esta cifra representa la mitad de los denunciados el año pasado, cuando ascendieron a 18 las localidades afectadas.
No porque estuvieran en sobreaviso la noticia de la denuncia les ha sorprendido menos. En el caso de Buñol, en concreto, desconocen por qué se les intenta amonestar. «La bandera no está ni en el mástil ni en el balcón del ayuntamiento», relata a este periódico Rafa Pérez, alcalde del municipio. Según detalla el edil, en un lateral del edificio cuelgan desde hace más de un mes dos tiras tricolores en el marco de un ciclo de homenaje a Blasco Ibáñez.
Ataque a la libertad de expresión
«Consideramos que es un ataque directo a la libertad de expresión en este país que cada día la reprime más, ya sea por publicar un tuit o por colgar una bandera», reprocha el alcalde, de Esquerra Unida. «A este paso, la delegación es capaz de multarnos por tener una avenida Blasco Ibáñez o las calles Dolores Ibarruri y Che Guevara», ironiza Pérez. En este sentido, el alcalde señala que «no entienden» el porqué de la denuncia, ya que «no es la primera vez que se cuelga la bandera, se ha hecho en múltiples ocasiones años anteriores».
El reguero de denuncias de la Delegación que representa Juan Carlos Moragues no ha sentado nada bien a los municipios afectados, en su mayoría gobernados por coaliciones de izquierdas. En este sentido, fuentes consultadas señalaron que el diputado valenciano Ricardo Sixto, junto con el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón, pedirán en el Congreso la comparecencia del ministro del Interior para pedir explicaciones al respecto, en lo que entienden un atropello a la libertad de expresión de los pueblos.
Los argumentos que la Delegación sostiene apuntan a una supuesta vulneración de la legalidad del artículo 4 de la Constitución y de otros de la citada ley que regula el uso de la bandera española. Añaden que la bandera republicana no es oficial y que colgarla en los consistorios afecta al principio de neutralidad de las administraicones públicas. Buñol ya anuncia que recurrirá la denuncia.
