Eran unas elecciones trascendentales: las últimas de la Segunda República, con dos bloques ideológicos enfrentados en las urnas del 16 de febrero de 1936. Ganó el Frente Popular. Ahora, ocho décadas después, un ensayo histórico cuestiona la limpieza de aquella victoria de la coalición de izquierdas que aupó al poder a Manuel Azaña y descabalgó a la derecha cinco meses antes del golpe de Estado de Franco que desató la Guerra Civil. Su título es contundente: 1936: Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa). Y València tuvo, según la obra, un papel destacado en ese supuesto fraude con la realización de escrutinios a puerta cerrada sin testigos o la anulación de los resultados de varias mesas electorales propensas a beneficiar a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).
Escrito por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, la investigación asegura haber localizado actas manipuladas, urnas con más votos que votantes y recuentos adulterados. Dicen que hasta 50 escaños pudieron haber cambiado de color a causa de ese fraude impulsado por el Frente Popular. Y que, por tanto, la izquierda no hubiera obtenido la mayoría para gobernar España. En València, señalan los autores tras cinco años de investigación, se produjeron abundantes irregularidades. Y aseguran que al menos dos escaños en la provincia de València los consiguió el Frente Popular de manera ilegítima. O, al menos, no del todo limpia.
El libro pone énfasis en algunos episodios de irregularidades «notorias». El escrutinio de la Junta de València del día 22 de febrero, escriben Álvarez Tardío y Villa García, «constituyó la sesión más pintoresca, por breve, de todas las celebradas en España». El acta recoge que el escrutinio y la proclamación de diputados no llevaron más de tres horas. Para los autores, es «algo materialmente imposible» por el elevado número de mesas de València y la exigencia de computar sus resultados de una en una y en voz alta. «La inasistencia de candidatos conservadores al escrutinio de Valencia capital facilitó que este se completara sin protestas».
Hombres armados
Es cierto que el triunfo de izquierdas en València capital era esperado. Mucho más reñido estaba la contienda electoral en el resto de la provincia. Para el recuento de la provincia fueron irregularmente desplazados el presidente de la Audiencia y el vicepresidente nato. Los sustituyó el vocal presidente del Colegio de Abogados, Ibáñez Rizo, tan afecto al Frente Popular que estuvo presente en la toma del Gobierno Civil el 19 de febrero, subrayan los autores del libro.
«Comenzada la sesión, y en notoria infracción de la ley electoral, el presidente accidental anunció que la Junta no haría escrutinio porque ya lo había efectuado previamente a puerta cerrada. Por ello, el secretario procedería simplemente a leer un resumen de resultados por partido judicial. El procedimiento elegido no podía ser más sospechoso, pues el empate técnico entre las dos grandes coaliciones exigía un recuento público y cuidadoso», sostienen los historiadores Álvarez Tardío y Villa García. ¿Y por qué no protestaron los candidatos de la CEDA presentes en el recuento, en medio de los simpatizantes izquierdistas? Ante la Comisión de Actas, esos candidatos conservadores adujeron que la Junta se había visto impelida a liquidar el escrutinio rápidamente por «la presencia dentro de la sala de hombres armados».
Votos «muertos» en Rafelbunyol
No hubo escrutinio público. Y los resultados llamaron la atención. Se esperaban 8 diputados para el Frente Popular y 5 para la CEDA. Sin embargo, la lectura de resultados asignaba diez escaños a la coalición de izquierdas. «El cedista Bosch denunció que los resultados no se correspondían con las actas enviadas a la Junta Central», recuerdan los autores.
Y señalan «otra controvertida decisión de la Junta». Sucedió en Rafelbunyol. A instancias de un candidato del Frente Popular, anuló los resultados en tres mesas del municipio de l´Horta Nord que se presuponían favorables a la derecha. El motivo era que en esas mesas aparecían votando siete fallecidos y que, en una de ellas, se había superado la capacidad de votos respecto del número de votantes.
La decisión de anular esas mesas era crucial para el conjunto de la provincia de València. «Lo apretado del resultado suponía que la resta de esos 1.200 votos privara a la CEDA de dos escaños», sostiene el libro. En opinión de sus autores, aquella decisión adoptada por la Junta por petición del Frente Popular era «ilegal». «Al no tratarse de acta doble ni registrarse mayor número de votos que de electores, la Junta no podía anular los resultados: debía limitarse a computarlos y transferir la protesta a la Comisión de Actas. Incluso si se confirmaba la suplantación del voto de fallecidos, no por ello la ley electoral prescribía anular todos los votos emitidos en la mesa y menos aún si no se conocía al responsable de la suplantación o la candidatura beneficiaria del delito», escriben Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. La argumentación es clara: si se aplicaba ese criterio (que no siempre se aplicó), bastaba con que un agente de partido suplantara un voto para anular todos los sufragios de un adversario en una mesa hostil.
Sin resultado en Fontanars
El libro, aplaudido por el historiador Stanley Payne por derrocar un mito de la izquierda, atribuye «una última irregularidad grave» a la Junta de València: no levantó acta del supuesto escrutinio a puerta cerrada y, por tanto, impedía protestar la exclusión de algunas mesas en los resultados finales. «Eso ocurrió, por ejemplo, con los resultados de Fontanars, una localidad cuyos resultados obraban en el Gobierno Civil, se habían llegado a publicar en el Boletín y, sin embargo, no aparecían incorporados al escrutinio», señala la obra.
Al final, la distribución de diputados en València quedó 5-2 en favor del Frente Popular, y la provincia de València arrojó un balance de 10-3 en su favor. De acuerdo con la investigación de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, «al menos dos escaños» de la provincia de València cambiaron de signo por esas irregularidades.
