Las cifras de deuda bancaria u obligaciones extrapresupuestarias evidencian que la mayoría de los ayuntamientos se ha puesto las pilas en lo que a pagar se refiere. Por ello, muchos alcaldes y alcaldesas sostienen que el Gobierno estatal debería darles más cancha para volver a invertir o realizar nuevos contratos tras los años de ajustes.

Ayer mismo, la diputada y responsable de Política Social y Municipios del PSPV-PSOE, Concha Andrés, advirtió de que «la injusta situación por la que atraviesan los ayuntamientos, al no poder reinvertir su superávit porque el Gobierno de Rajoy se lo impide, no deja otra salida que una reforma de la Constitución que blinde sus competencias». Para la diputada socialista la reforma de la Constitución (que ya ha planteado el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias Abel Caballero) supondría regular las competencias y evitar que «nunca más un Gobierno imponga sus criterios con Leyes como la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que fue aprobada por Rajoy en solitario y con la mayoría de los ayuntamientos en su contra».

Andrés destacó el «gran trabajo y esfuerzo que desde los ayuntamientos se ha realizado durante años ajustándose a las estrictas normas de estabilidad presupuestaria. Los ayuntamientos han hecho su trabajo por tanto es más que justo que ahora puedan reinvertir para generar riqueza y empleo».

Ya el pasado febrero el alcalde de València Joan Ribó, tras presumir de haber rebajado la cuenta 413 y el periodo de pago a proveedores, anunció que pedirá a Hacienda la salida del Plan de Ajuste, un «corsé» que, según dijo, impide al consistorio, por emplo, que se pueda crear una fundación para gestionar el Museo del Mar; formar parte de la Entidad Metropolitana de Transportes; o gastar el superávit en contratar a personas paradas.