La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco están intentado averiguar si Ignacio González trataba de blanquear dinero negro -«capital de origen ilícito», dice el magistrado en su auto para enviar al expresidente madrileño a prisión- mediante la venta de un producto alemán para depurar aguas residuales.
Según informó ayer El Confidencial, en las reuniones entre González y el abogado que compró la patente para distribuir en exclusiva ese producto en España y Portugal, el uruguayo Fernando Belhot, habría estado presente Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo y abogado, como González.
Aunque el letrado uruguayo explicó al citado medio digital que en las reuniones que mantuvo en Madrid con González y con Zaplana se trataba de cerrar una especie de acuerdo de colaboración en la que Belhot mantenía la propiedad sobre los derechos de distribución de los productos de Shieer -adquiridos en enero pasado- mientras que los dos expresidentes autonómicos del PP iban a desempeñar, según sus declaraciones, casi funciones de comerciales. De hecho, dijo, estaban en «fase de búsqueda de clientes», según la información publicada ayer por El Confidencial.
Sin embargo, el juez Eloy Velasco y la UCO sospechan que Belhot podría no ser más que un testaferro cuya misión era mantener opacas las supuestas intenciones de afloramiento de dinero negro del presunto líder de la trama desmantelada en la operación Lezo y del exministro de Trabajo. Así, el juez, en el auto antes citado, especifica que la Guardia Civil habría detectado maniobras de Ignacio González para «la adquisición del 50 % -junto con Eduardo Zaplana- de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot -cuyo despacho facilita a sus clientes estructuras societarias en numerosos países- que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua». Y añade: «Las diligencias realizadas han revelado los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión».
A Velasco no se le escapa que González seguía manteniendo muchos contactos con la sociedad de aguas madrileña Canal de Isabel II, entidad que presidió de 2003 a 2012, lo que le habría permitido colocar los productos de Shieer con cierta facilidad. De momento, el juez sólo ha pedido información patrimonial y bancaria de Zaplana, ya que la investigación sobre él y el alcance de su posible implicacion en este negocio no avanzó más para evitar que fuera descubierta.
El presidente de El Portet de Dénia, también salpicado
En la lista de 60 personas que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco aparece también el nombre de Joaquín Molpeceres, presidente de El Portet de Dénia. El juez indaga sobre la posibilidad de que Molpeceres hubiera actuado como testaferro para ocultar los negocios y el cobro de comisiones por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
No es la primera vez que el empresario de 85 años aparece en una causa por corrupción. Ya lo hizo previamente en el caso Bárcenas y en Gürtel. En los papeles del extesorero del PP consta que una persona identificada como «Volpeceres» había aportado 60.000 euros. El juez Ruz sostiene que es el presidente de El Portet diaenense. Además, dos de las empresas de Molpeceres, Licuas y Coarsa, realizaron entre 2002 y 2005 pagos a Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Por otra parte, el empresario aportó un aval de 1,6 millones de euros al exconsejero de Deportes de Madrid.
