Se definió como «optimista y apasionada» casi a modo de justificación tras una conferencia de más de hora y media en la que no dejó títere con cabeza. La jueza Mercedes Alaya, conocida por ser la instructora del caso de los ERE en Andalucía, calificó ayer en València de «asfixiante» la situación que viven los jueces en España y la «falta de independencia» que sufren especialmente aquellos que luchan contra la corrupción.
Una situación, dijo, que «ha quedado patente aún más» estos días en los que han trascendido las conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido desde el pasado sábado, a varios compañeros de partido, entre ellos, al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. En las conversaciones, recogidas ayer en estas páginas, el dirigente popular no duda en pedir a Zaplana que intervenga para situar a jueces afines en las causas judiciales que le afectan. En aquel momento, la del ático de Estepona.
«Claro que los jueces se mueven a su antojo -el de los políticos-. A mí no se me permitió quedarme donde estaba -investigando el caso de las ayudas del gobierno andaluz a distintas empresas para que hicieran ERE- ... Y no se me permitió porque el PSOE y el PP votaron unánimemente para que no pudiera continuar con mi comisión de servicios. Más claro, agua», respondió la jueza a preguntas de las periodistas presentes en el acto.
Sobre las escuchas de la operación Lezo, Ayala lamentó en primer lugar los pinchazos a un ministro, pero aseguró que se demuestra que se «usa a los fiscales como lacayos; es inaudito». Durante su charla, la jueza andaluza arremetió contra los dos grandes partidos políticos, contra la estructura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y contra el sistema sobre el que está montada la Fiscalía, cuyo fiscal general está elegido directamente por el Gobierno de turno.
Tampoco escaparon a la crítica los medios de comunicación, que, a su entender, informan «poco» sobre los casos de corrupción «para que se le olvide a los ciudadanos, dejando el camino despejado a los políticos» para desprestigiar al poder judicial.
Alaya se mostró especialmente dura con el papel del ministerio público durante su intervención, que tuvo lugar en el Foro de Opinión Cívico de la Comunitat Valenciana en el hotel Las Arenas. «Lo sé, porque lo he vivido, que si no reciben órdenes directas de Madrid no mueven ni un dedo». Añadió la magistrada que los fiscales son «la extensión del gobierno» y que, por tanto, el partido que ocupa la Moncloa «está personado en todos los casos contra la administración pública», con lo que ello implica. Por ello, abogó por el aumento de la personación de la acusación particular. «Son la alternativa y una esperanza».
Pacto de no agresión PP-PSOE
«Los dos grandes partidos, PP y PSOE, firmaron un pacto de no agresión mutua cuando surgieron Podemos y Ciudadanos como respuesta al 15M», a través del cual, según Alaya, las dos formaciones hegemónicas han acordado apoyarse «no formalmente, pero sí de facto» en los diferentes casos de corrupción repartidos por las comunidades autónomas. «Es un cambio de cromos constante, yo lo he visto en Andalucía», lamentó.
Alaya criticó también las reformas judiciales que «ponen más en peligro» la independencia de los jueces. Entre ellas, la que afecta a la Fiscalía. «Si la instrucción hubiera estado en manos de los fiscales, como se pretende ahora, no se hubieran descubierto los supuestos delitos» del caso Lezo, expuso como ejemplo.«Los fiscales son implacables con los delitos comunes, pero no actúan igual cuando se trata de corrupción»,
asestó la magistrada, quien también defendió la eliminación del aforamiento. «Comporta complicaciones absurdas» en el proceso judicial, defendió Alaya, quien lo ha sufrido con la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
