Los protagonistas que rodean las sucesivas operaciones de pelotazos en las residencias concertadas de la Generalitat que reveló ayer en exclusiva Levante-EMV podrían firmar un guión de la mejor película de Francis Ford Coppola.
Una empresa pantalla, un vivero de sociedades para delinquir de donde salieron las matrices de Gürtel o Nóos, un secretario de ayuntamiento, un condenado a 14 años de cárcel por delitos contra Hacienda y una gran constructora cotizada española detrás del pastel. Los beneficiarios de la operación, las empresas Gabinete Técnico de Trabajo Social y Crespinell SL ganaron 40 millones de pesetas (240.400 euros) en seis meses gracias a la venta de la adjudicación de los derechos para construir un geriátrico concertado que les otorgó el encarcelado Rafael Blasco cuando era conseller de Bienestar Social. Y sin poner un solo ladrillo.
El 1 junio de 2001 la conselleria de Bienestar Social adjudicó los derechos para construir cuatro residencias a la UTE Gabinete Técnico de Trabajo Social y Crespinell SL. Una de las firmas pertenecía al que era secretario del Ayuntamiento de Carlet y afín a Rafael Blasco, Joan Ramón Ferris. El contrato generó un importante revuelo y Ferris y sus socios decidieron preparar una estrategia para apartarse del fuego político y mediático que arreciaba.
Mientras, el conseguidor de empresas de Ontinyent Ramón Cerdá -condenado recientemente a 14 años de prisión y creador de las matrices del caso Gürtel o el caso Nóos- fundaba el 10 de septiembre de ese año la compañía Siete Treinta SL. Un mes después, el 13 de noviembre, la UTE Gabinete Técnico de Trabajo Social y Crespinell SL cedía sus poderes a Siete Treinta SL y tomaba el control de la mercantil, cuyo objeto social era la promoción inmobiliaria.
Ese día y ese momento son cruciales, puesto que Siete Treinta SL cambió su objeto social y de actividades a «promoción, explotación, asistencia y gestión de los siguientes centros, bienes y servicios, sean éstos públicos o privados, propios o ajenos: los relacionados con la asistencia social y los servicios sociales, en cualquiera de sus diferentes sectores de intervención, con mención especial no limitativa, a los sectores de la Tercera Edad, Infancia y Juventud». En ese momento, la identidad del secretario de Carlet quedaba diluida y la firma ya podía acceder a las concesiones de residencias concertadas que tenía.
Dieciséis días después, según las escrituras en poder de ese periódico, Siete Treinta SL se vendió a Inmopolis Calidad Sevilla -empresa que representaba Luis Manuel Portillo Muñoz, quien fue presidente de la inmobiliaria cotizada Colonial- y Hotel Playa Ventura. La operación se cerró por 240.400 euros -el 50 % para cada firma de la UTE- con las cuatro concesiones de la Conselleria de Bienestar Social.
Sólo es el primer pelotazo con esta adjudicación. Los nuevos accionistas de Siete Treinta y por tanto de las concesiones la mantuvieron sin poner un solo ladrillo ni iniciar el proyecto y como contó ayer este rotativo, la vendieron en 2004 a Ruralcaja, que abonó 675.000 euros. En junio de 2006, la caja rural traspasó la concesión de la residencia de Xàtiva por 147.000 euros a Cleop, de Carlos Turró, quien está siendo investigado en el caso Taula y en la Operación Lezo. Esta compra es en la que presuntamente intermediaron Alfonso Rus y Marcos Benavent.
