Tres testigos que declararon ayer en el marco de la investigación por los contratos de «zombis» de Imelsa aseguraron que no mantenían relación directa con Marcos Benavent, sino que su comunicación era con la jefa de personal de la empresa pública dependiente de la Diputación de València, ahora rebautizada como Divalterra.
De este modo, los tres testimonios de los trabajadores del departamento de recursos humanos apuntan a María Escrihuela, exjefa de personal de Imelsa, como la responsable de la firma pública que formalizaba los contratos de los trabajadores «zombis», aquellos que cobraban de la firma pública sin ir a trabajar. La investigación apunta a un total de quince personas que recibían un sueldo público pero que nunca acudieron a su puesto.
Escrihuela fue el despido número 17 en la empresa pública provincial cuando el nuevo equipo de gobierno entró en el Palau de la Batlia. La exjefa de personal ya declaró en la comisión de investigación sobre el caso Imelsa que en el tramo final de la pasada legislatura se constituyó en la diputación cuando saltó el escándalo del presunto saqueo de la empresa pública, vinculado a la macrocausa judicial que investiga el supuesto pago de mordidas por la adjudicación de contratos en administraciones del PP. Los testimonios de ahora se enmarcan en las investigaciones del titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, quien abrió una pieza separada para indagar sobre los «zombis».
El juez del Caso Taula imputa a hasta 28 cargos del PP, PSPV y al dueño de la empresa Engloba los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la contratación. Sobre Alfonso Rus y Emilio Llopis se añade, además, el de tráfico de influencias.
