El trámite para la reforma de la ley del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC) comenzó ayer en las Corts, en un momento en que la renovación del órgano se encuentra bloqueada por falta de acuerdo entre los grupos para elegir una terna paritaria.
La reforma la puso en marcha Podemos de forma unilateral, aunque ayer sus socios del Botànic, PSPV y Compromís, y también Ciudadanos apoyaron iniciar el trámite. El grupo que lidera Antonio Montiel buscaba con esta norma poner a prueba al PSPV, que finalmente votó ayer a favor aunque existen aspectos que no le gustan, igual que a Compromís.
Pero nadie parece tener prisa en desbloquear el órgano consultivo y más después de que el cambio en la dirección de Ciudadanos complique aún más la obtención de una mayoría cualificada. De hecho, serían necesarios los votos del tripartito y de un mínimo de cinco diputados de Ciudadanos para lograr una mayoría suficiente, mientras los afines a Alexis Marí suman cuatro. Ayer, Ciudadanos votó a favor, aunque el partido siempre se ha mostrado favorable a la supresión de estos organismos.
La reforma de la ley plantea, entre otras cuestiones, que el consejo sea paritario, lo elija en su totalidad las Corts y no la mitad el Consell como ocurre ahora y que los electos lo sean por un periodo improrrogable de seis años. Podemos propone también elevar a quince años de ejercicio el requisito de profesionalidad de los consejeros y que los candidatos se sometan a una comparecencia pública previa en las Corts. El PP rechazó ayer la reforma porque llega a las Corts sin consenso y responde más a pulsos internos entre los firmantes del Botànic que a necesidades reales.
La diputada María José Ferrer aseguró que no será más independiente un CJC cuyos miembros dependan de dinámicas parlamentarias, como evidencia el bloqueo actual en la elección de consejeros. La portavoz adjunta de Podemos, Fabiola Meco, asegura que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer y profundizar la transparencia, la publicidad y la regeneración democrática en todos los espacios públicos e instituciones.
Iniciativa legislativa popular
Mientras, el pleno aprobó ayer la nueva ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la posibilidad de que la ciudadanía participe en la presentación de leyes. Se reducen de 25.000 a 10.000 las firmas necesarias y se fija en 16 años la edad mínima para impulsarla.
