«Hace un mes que usted no lleva a su hijo al colegio». Así comenzó la conversación entre una fiscal de menores de la Comunitat Valenciana y una madre que asistía al juzgado como testigo tras ser denunciada por el centro escolar al que acudía su hijo (y por los servicios sociales del municipio donde vive) por un presunto delito de abandono y desamparo del menor. «Un mes, no -contestó ella-; dos meses para ser exactos». «¿Y eso?», volvió a preguntarle la fiscal.

La respuesta que le dio la mujer -entre miles de papeles, expedientes, partes de lesiones, justificantes médicos, informes de psicólogos, de psiquiatras y hasta de neurólogos- no dio lugar a dudas: la denuncia había llegado hasta la Fiscalía de Menores por absentismo escolar, pero esas ausencias a clase estaban justificadas por un acoso escolar continuado a un menor que había intentado, incluso, suicidarse con 10 años. Levante-EMV publicó su historia el 24 de enero del año pasado. El 14 de marzo del mismo año, el menor atravesaba la puerta de su nuevo colegio tras un ansiado traslado que ha supuesto para él (y para su familia) un antes y un después. En la actualidad, disfruta de un buen ambiente escolar.

Sin embargo, esta madre (a la que llamaremos Irene) no ha olvidado ni el calvario de su hijo al sufrir «bullying», ni el que padeció en sus propias carnes por parte de los Servicios Sociales de su ayuntamiento. «Te acusan a tí, te investigan a tí, te juzgan a tí. Puedo decir que nosotros sufrimos acoso por parte de los Servicios Sociales. No ayudaron a mi hijo. No quise firmar una Intervención Familiar y me amenazaron con denunciarme a la Fiscalía. Y así fue», recuerda. Eso sí, en su caso, la fiscal archivó la causa. «Esto no es un caso de absentismo escolar», le dijo la fiscal.

Sin embargo, así constaba en la denuncia que se había presentado en el juzgado, ya que «no existe epígrafe alguno que distinga el absentismo escolar que se produce como consecuencia de un acoso escolar continuado», afirmaron ayer fuentes de la Fiscalía provincial de Valencia. Y es que, mientras la víctima espera que la Conselleria de Educación autorice su traslado a otro colegio -para el 90% de las víctimas esa es la única solución- la «tortura» continúa y los padres deciden en más de una ocasión, y de dos y de tres, que el menor se quede en casa.

De esta forma, las denuncias por absentismo escolar se investigan en la Fiscalía de Menores de la misma manera aunque, según la Asociación Valenciana Contra el Acoso Escolar (Avalcae), el 50% de las mismas se deben a un problema de acoso escolar.

La Fiscalía de Menores, además, lleva desde 2009 tomándose muy en serio el absentismo escolar, un problema que aborda como un delito de abandono familiar. De hecho, ese mismo año, la Memoria de la Fiscalía General del Estado incluyó una propuesta de la Fiscalía de Valencia para que el artículo 226 del Código Penal -que castiga los delitos de abandono de familia, menores o incapaces- diera cabida al fenómeno del absentismo escolar como un tipo delictivo específico.

Ahora, Avalcae asegura que debe existir un protocolo diferente para los casos «de absentismo escolar originado por bullying porque en cuanto se pone en marcha, intervienen los Servicios Sociales y las familias se ven investigadas bajo la presión de saber que la posibilidad de perder la custodia de los menores es real. Además, el acoso persiste y ese es el problema porque el menor ya está señalado en el colegio».