El Juzgado de Instrucción número 21 de València, que instruye dos piezas separadas del conocido como caso Cooperación, ha abierto ya formalmente una quinta pieza más sobre la supuesta trama de amaño de contratos por servicios informáticos en la que incluye como investigado al exconseller Rafael Blasco, actualmente en prisión. Como informó Levante-EMV, esta quinta pieza separada indaga la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o apropiación indebida a través de la contratación irregular de los servicios informáticos de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
En concreto, como informó este periódico en abril de 2014, los hechos que se investigan hacen referencia a la utilización de una multinacional como pantalla para realizar el portal del inmigrante. Según las facturas recogidas en su momento, la web la habría realizado la multinacional Indra,vieja conocida de César Tauroni, empresario encarcelado por la primera pieza de este caso. Sin embargo, los trabajos los realizó la firma Dinamiz-e. El portal, que fue presentado a bombo y platillo, pretendía ser un instrumento para que las personas inmigrantes de la C. Valenciana consultaran sus dudas. Su creación costó, como mínimo, unos 12.000 euros.
Pero la relación entre Indra, una multinacional que cotiza en el Ibex35, y Tauroni no se limitó a la creación de esta web. Como investigaba la Fiscalía Anticorrupción, la firma Dinamiz-e también trabajó para Indra en la programación y actualización de la base de datos de Sanidad. En este caso los contratos públicos fueron millonarios y Tauroni llegó a tener contratados a medio centenar de trabajadores.
La nueva pieza abierta ahora incluye también a Agustina Sanjuán, Marc Llinares, Javier Murcia, Luis Mira Laguarda y Juan Bautista Julià, según se informa en el auto remitido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La última pieza
La primera pieza, ya cerrada con sentencia condenatoria firme, se refería a irregularidades en subvenciones para proyectos en Nicaragua; y en la segunda y la tercera se investigan otras ayudas a diferentes ONG y la proyección de un hospital en Haití. Junto a estas piezas, la Audiencia obligó a la jueza del 21 a investigar el uso que hizo Tauroni de un ordenador portátil que le intervinieron en la cárcel, ya que a priori la instructora quiso derivar la cuestión a Picassent, donde se había cometido la irregularidad.
Esta quinta pieza correspondería a los contratos informáticos que a finales del pasado año la instructora remitió al Decanato para que se repartieran a otro juzgado al entender que eran ajenos a las piezas de Cooperación. Sin embargo, finalmente será esta magistrada, quien en ese momento vio indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos, la que indague sobre estas contrataciones. En el auto se encarga, entre otras diligencias, que la conselleria actualmente de Igualdad informe al juzgado sobre la identidad de los trabajadores que llevaron a cabo los trabajos correspondientes a varios servicios informáticos contratados.
