El exconseller de Educación y hoy eurodiputado del PP, Esteban González Pons, admitió ayer en la comisión de investigación de las Corts que analiza los sobrecostes de más de mil millones en la empresa pública encargada de la construcción de colegios, Ciegsa, que la guerra interna en su partido entre campsistas y zaplanistas también llegó a la empresa pública. Sin embargo, durante el periodo en el que permaneció al frente de la Conselleria de Educación las distintas «familias» y «almas» del PP convivieron en equilibrio.
El exconseller de Educación entre junio de 2003 y agosto de 2004 defendió su gestión en la empresa pública. Incluso dio un consejo al actual Consell: «Yo no pondría en marcha la nueva RTVV hasta acabar con los barracones», aseguró.
Pons sostiene que creó un organigrama en el que ningún directivo podía hacer nada sin conocimiento de los demás. «Las guerras internas en el partido existían, aunque eso no afectaba a los ciudadanía», aseguró a preguntas de la diputada socialista Ana Barceló.
«Caturla tenía mi confianza»
Pons aseguró que nunca pisó la empresa pública Ciegsa y añadió que el exgerente Máximo Caturla tenía su confianza pero que entonces «no sabíamos lo que sabemos ahora», en referencia a la situación judicial de Caturla detenido en la operación Taula en enero de 2016.
González Pons recordó que a su llegada a la consellera decretó la paralización de la ampliación del IVAM para destinar ese dinero a la eliminación de barracones, lo que permitió acabar con 362 aulas prefabricadas. El Consell del PP construyó más de 700 colegios y el actual Consell, uno, remarcó.
Pons añade que encargó una auditoría jurídica al despacho de Broseta y propuso un nuevo organigrama en la empresa. «Las partes que componían el PP quedaron en equilibrio», dijo entonces.
Broseta: «Nunca vi nada raro»
También compareció ayer en las Corts el abogado Manuel Broseta cuyo despacho facturó a la Generalitat un millón de euros en diez años de trabajos para Ciegsa y que además fue secretario no consejero entre 2003 y 2013. Broseta dijo que durante el tiempo en que su bufete trabajó para la empresa pública no vio «nada raro» ni nadie le pidió que cometiera «ninguna irregularidad» ya que el «ambiente» en la sociedad era «de cumplimiento de la legalidad».
Broseta dijo que el Consell no ha sido ni el mejor ni el principal cliente de su despacho y lamentó la sospecha que se cierne sobre él.
