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Caso Emarsa

51 inmuebles y quince vehículos embargados para pagar el saqueo

El juzgado ha confiscado a todos los acusados hasta 2.647.908 euros en dinero en cuentas corrientes y consignados tras los pactos para evitar la cárcel

Los 25 acusados del caso Emarsa, en el banquillo, antes de la vista oral que se suspendió en marzo. fernando bustamante

En el juicio del caso Emarsa que comienza el próximo martes 2 de mayo las acusaciones tendrán que demostrar que una red de políticos y empresarios saqueó los fondos públicos de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo entre 2004 y 2010. Tendrán que acreditar que se desviaron hasta 23 millones de euros de los presupuestos públicos en obras ficticias, tratamiento de lodos y el gasto en todo tipo de regalos y viajes nada acordes al negocio del agua.

De momento, la instrucción ha conseguido asegurarse de recuperar parte del dinero gracias a los embargos a los 25 acusados y al dinero que ya han ingresado algunos de los mismos tras reconocer los delitos y devolver el dinero malversado. Según la información presente en la instrucción del caso, que consta de más de cien tomos y 200.000 folios, la Justicia tiene embargados bienes por valor de 7.762.266,64 euros, aunque la cifra podría ser muy superior porque algunos de los inmuebles y vehículos todavía no han sido tasados y se desconoce el valor.

En estos momentos la Justicia tiene confiscados a los 25 acusados -algunos deben responder de manera subsidiaria al presunto agujero de 23 millones- 51 inmuebles (pisos, chalés y plazas de garaje); 15 vehículos (coches, motos y camiones); 34 cuentas corrientes, seguros, bonos y planes de pensiones; y 33 empresas o participaciones en las mismas. Esta iniciativa ha sido posible gracias a las peticiones de las acusaciones, entre ellas la popular ejercida por el PSPV, y la particular, que realiza la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi).

Aunque los embargos no cubren el total del saqueo sí aseguran una parte importante del mismo, máxime cuando el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo y su familia ganaron el juicio de la lotería -una pieza separada del caso Emarsa, en el que el juez instructor había embargado 12,7 millones de euros del premio del Gordo de Navidad de 2011 que repartió el PP de Manises y que habían cobrado su hermano y sus padres-.

El acusado que más patrimonio ha visto embargado es el empresario Vicente Ros, quien presuntamente habría colaborado en la trama de los lodos. La Justicia le ha retenido hasta que haya sentencia 18 inmuebles, entre ellos una finca urbana valorada en 800.000 euros o un casa en Xàbia, ambas libres de cargas. También se le han embargado acciones en tres sociedades y hasta un plan de pensiones valorado en 47.500 euros.

El segundo acusado con más embargos es el exjefe de Explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Ignacio Bernácer, que ya ha consignado en el juzgado 180.830 de los 400.000 euros que debe devolver al haber reconocido a la Fiscalía que participó en la trama de los lodos para reducir la pena de cárcel. Tiene embargados cinco inmuebles, un garaje y cuatro pisos en la ciudad de Valencia. Uno de ellos al 50 % y con una hipoteca de más de 441.000 euros.

Al que fuera presidente de Emarsa y vicepresidente de la Diputación de València, Enrique Crespo, la Justicia le ha retenido hasta que haya sentencia tres inmuebles, una plaza de garaje en Manises y dos viviendas en Manises y València, valoradas en 591.119 euros. Tiene los dos coches, un BMW y un Range Rover, también embargados.

El exgerente de la Epsar José Juan Morenilla tiene confiscados un piso y el derecho en usufructo de tres fincas rústicas y urbanas, así como dos garajes. También le han sido embargados un piso y un garaje en Andorra. Ninguno de sus bienes ha sido cuantificado por lo que el montante total de 7,7 millones de recaudación sería mucho mayor al incluir estos embargos si existe sentencia condenatoria.

El exgerente de Emarsa Esteban Cuesta es de los principales acusados que menos bienes tiene embargados. Tres plazas de garaje en València y una motocicleta de 125 centímetros cúbicos. Los dos cargos del PP de València que custodiaban la tesorería de Emarsa, Santos Peral e Ignacio Martínez Maiques, han devuelto 42.000 euros cada uno, según el acuerdo al que llegaron con la Fiscalía para evitar la prisión. Cobraron comisiones durante años por mirar hacia otra parte.

El empresario José Luis Sena, uno de los presuntos cabecillas de la trama de los lodos, tendrá que responder patrimonialmente si hay condena con dos camiones Mercedes y una motocicleta Triumph. También sus participaciones en dos empresas. Su hermano Enrique también tiene embargados la mitad indivisa de una finca en Chiva con una hipoteca de 348.453 euros.

José Ramón Cuesta, hermano del exgerente y quien se habría beneficiado del saqueo, ha visto como le embargan cinco fincas y tres vehículos, entre ellos un tractor y un todoterreno. Al exconcejal del PP y empresario Juan Carlos Gimeno le han confiscado una finca en València, otra en Dénia, el 50 % de una tercera y una plaza de garaje.

Al empresario que estuvo fugado durante años y que manejó millones de euros evadidos al extranjero de la depuradora de Pinedo sólo le han podido embargar las cuentas que tenía en Andorra y las participaciones en cuatro de las empresas que se usaron para perpetrar el saqueo de la depuradora de Pinedo a través de la trama de los lodos. Otro de los principales imputados que tampoco responde en volumen similar al que le pide la Justicia es el exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal. Le han podido confiscar una motocicleta y un fondo de pensiones con 11.375 euros. Arnal ya fue condenado por alzamiento de bienes junto a su expareja y han tenido que devolver bienes por valor de 434.859 euros.

Otros de los acusados que han consignado tras pactar con la fiscalía son el exconcejal del PP de Moncada Luis Botella, que ha devuelto 75.000 euros, y las trabajadoras Ana María Ríos y Leonor Moreno, que han pagado 25.000 y 61.600 euros, respectivamente.

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