El informe elaborado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard para Enagas sobre la sismicidad provocada por el proyecto Castor frente a las costas de Castelló concluye que cualquier operación de relleno o vaciado del depósito subterráneo supondría «un riesgo elevado» que puede provocar la «ruptura total» de la falla de Amposta, donde se concentraron los alrededor de 400 seísmos desde que comenzó la inyección de gas, y generar un terremoto mayor o igual a 6,8 grados de magnitud.
Tras recibir el informe, el Gobierno, a través del secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, anunció que el Ejecutivo no «reabrirá» ni tampoco «desmantelará» el almacén, como solicita la oposición y vecinos de la zona, por lo que las instalaciones quedan en «hibernación» hasta que se adopte la decisión final.
En rueda de prensa , Daniel Navia, los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw (Universidad de Harvard), y el director de Infraestructuras de Enagas, Claudio Rodríguez, explicaron las conclusiones del informe, que en sus últimos párrafos parece eximir a Escal-UGS, la empresa que construyó y operó el almacén, de cualquier responsabilidad técnica y posiblemente también legal -aunque eso lo determinarán los jueces- al afirmar que «no cabría esperar que un estudio realizado con metodologías estándar en la industria hubiese llegado a estas conclusiones antes de la inyección».
El trabajo afirma que fue la inyección de gas la que desencadenó la sismicidad y concluye que ha desestabilizado «significativamente» la falla de Amposta y pequeñas fallas vinculadas a la primera y próximas al depósito subterráneo de Castor.
Simulaciones
El MIT ha desarrollado un modelo de simulación específico para el entorno geológico de Castor, basado en el reprocesamiento de los datos obtenidos en los casi 400 seísmos registrados en la zona con el que recrear qué ocurriría según qué decisiones se adopten en los próximos meses: no hacer nada, extraer el gas, seguir inyectando u operar «normalmente».
Así, sostiene que menores tasas de inyección de gas reducen la tensión que recibe la falla de Amposta. Pese a ello, recuerda, «incurren en el riesgo de inducir eventos sísmicos» que serían mayores si se extrae el gas ya depositado.
«El máximo en el cambio de tensión de Coulomb -que describe la presión que está recibiendo la falla- se produce para el caso de un ciclo completo de inyección y recuperación posterior del gas», es decir, para un funcionamiento completo de la instalación tal como fue diseñada. Esta acción, que multiplicaría por dos la desestabilización sísmica en la zona, según Rubén Juanes, coautor del informe, podría provocar la «ruptura completa de la falla de Amposta y con ella un terremoto de magnitud igual o superior a los 6,8 grados de magnitud», según el informe.
El trabajo destaca que, de hecho, toda la presión que generaron las inyecciones de gas en el entorno de la falla Amposta no se ha disipado todavía a través de esta falla principal. Otros informes elaborados por el Instituto Geológico y Minero, además de confirmar que la falla Amposta estaba activa, elevan su potencial sismicidad a una magnitud de 7,1.
«No puede volver a funcionar»
En consecuencia, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, una vez conocido el informe, por el que se han pagado 600.000 euros, ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor y encargará nuevos estudios de ingeniería y de «viabilidad económica» para acometer un posible desmantelamiento. En el Congreso de los Diputados, el ministro de Industria, Álvaro Nadal, aseguró sobre Castor que «está claro que no puede volver a funcionar».
El informe del MIT y de Harvard, pese a la contundencia con la que relaciona el llenado del depósito con los seísmos registrados, contiene un llamativo apartado de recomendaciones «para el caso de que se determine la reanudación de las operaciones de almacenamiento».
La «hibernación» aprobada por el Gobierno supone, sin embargo, un coste económico de alrededor de 17 millones de euros anuales para los ciudadanos que se suma a los que el Gobierno ya ha pagado a la promotora del proyecto Escal UGS SL (controlada en un 66,7% por la empresa ACS de Florentino Pérez): más de 1.461 millones de euros que costó el proyecto y varias indemnizaciones hasta alcanzar los 1.700 millones de euros, que ya han sido abonados.
Por último, el desmantelamiento podría rondar los 300 millones ya que habría que trasladar la plataforma a tierra para desguazarla.
La vía judicial
En 2012, el Gobierno quiso impugnar la cláusula que le obligaba a pagar el coste de las obras pero el Tribunal Supremo aseguró que esta cláusula era legal. Sin embargo, este tribunal ha admitido varios recursos contra el pago de los más de 1.700 millones. También la Generalitat Valenciana ha recurrido en el Tribunal Constitucional el pago de la indemnización.
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs mantiene abierta una investigación, en la que están imputadas una veintena de personas, entre directivos de la empresa promotora y cargos y técnicos de la Administración que autorizaron el proyecto. El caso está aún en fase de instrucción, aunque el informe del MIT fue recibido ayer con alivio por los investigados.
En sede judicial, tanto Escal UGS como los técnicos del Instituto Geológico y Minero, han declarado que hicieron los estudios geomecánicos y sísmicos para cumplir todas las exigencias sobre peligrosidad sísmica referentes a la planta del Castor, su entorno y la probabilidad sísmica inducida.
El MIT advierte que su estudio «demuestra la necesidad de nuevos estándares para la cuantificación de riesgos sísmicos asociados a operaciones subterráneas».
Reacciones
El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget, pidió ayer una solución que tenga en cuenta «la que sea más beneficiosa para el territorio, el medio ambiente y la ciudadanía». En especial, dijo, velarán para que el coste de lo que se ha hecho «no lo tengamos que pagar en el recibo del gas todos los ciudadanos». No hubo reacción en el Gobierno valenciano.
Por su parte, Greenpeace denunció el alto coste del fallido proyecto Castor y pide «protocolos para evitar que vuelva a suceder».
La organización ecologista eleva a 4.400 millones el coste para la ciudadanía del almacenamiento de gas, « a los que habrá que sumar los gastos de desmantelamiento».
La alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, se mostró satisfecha por el anuncio del Gobierno, aunque reclama que continúen las investigaciones y que se proceda al desmantelamiento definitivo de la plataforma. Xaro Miralles desveló que el Ministro de Industria, Álvaro Nadal, le había llamado para comunicarle la decisión.
El alcalde de Vinaròs, Enric Pla, que también recibió la llamada del ministro Nadal, declaró que su misión era defender «lo que anhelan los vecinos de Vinaròs, y es que no vuelva la actividad gasística, porque por encima de todo está la seguridad de los habitantes de Vinaròs y la comarca. Lo que ha quedado muy claro es que todo este proyecto podría haberse hecho mucho mejor», aseguró.
Finalmente, los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, arremetieron contra el Gobierno al conocer su intención de «alargar la agonía» del proyecto Castor y han pedido que se desmantele esta infraestructura «cuanto antes».
