Polideportivos, institutos, universidades, centros comerciales, aeropuertos, estaciones de metro concurridas... son algunos de los espacios públicos que deberán de contar obligatoriamente con un desfibrilador externo automático o semiautomático (DESA) si sale adelante el proyecto de decreto en el que el Consell regula la instalación de estos dispositivos fuera del ámbito médico.
El texto -que acaba de salir a exposición pública para recibir alegaciones- supone la entrada de la Comunitat Valenciana en el grupo de regiones concienciadas con la reanimación cardiopulmonar, concienciación en la que han tenido mucho que ver las últimas muertes súbitas de deportistas y corredores, la última hace apenas unos días en el cauce del río Túria.
El articulado aún puede sufrir modificaciones aunque en su redacción inicial, la Conselleria de Sanidad ya marca la tendencia de la norma: todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán de tener estos dispositivos en sus instalaciones de transporte como aeropuertos, puertos comerciales o estaciones de tren y autobús. Aquí se incluyen a todas las estaciones de metro que al día acojan a un mínimo de 2.000 personas.
El aforo o la frecuencia de uso también marca qué centros educativos, deportivos y establecimientos públicos deberán de contar con un desfibrilador. Así, deberán incorporarlo todos los centros educativos que acojan a, al menos 1.500 personas (universidades, grandes institutos o colegios concertados que ofrecen desde Primaria a Bachillerato); los complejos deportivos en los que a diario pasen un mínimo de 500 personas y los establecimientos públicos con un aforo de un millar de personas.
Según se justifica el preámbulo del decreto, la fibrilación ventricular está detrás del 80 % de las muertes súbitas de origen cardiaco y «requiere atención inmediata, ya que por cada minuto que se retrasa su tratamiento adecuado se reduce en un 10 % la posibilidad de supervivencia de la persona que lo padece».
Los especialistas avalan estas conclusiones incluidas en la ley. Al año fallecen en España 30.000 personas por muerte súbita anuales. Según cifras de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la existencia de estos dispositivos en lugares públicos y la formación en técnicas básicas de recuperación cardiopulmonar (RCP) podrían salvar la vida «de hasta 15.000 personas que sufren un paro cardíaco» aunque eso sí, la ayuda debe llegar «en los primeros cuatro minutos».
Uso sin formación
Una de las características del texto y del que se diferencia de otras normativas estatales es que prevé que cualquier persona, aún sin la correspondiente acreditación o formación para ello, pueda utilizar el dispositivo «de forma excepcional». Los especialistas han venido criticando parte de la normativa desarrollada en España en la que se penaba la utilización de los desfibriladores por personal no autorizado cuando, insisten, en que su funcionamiento es «muy sencillo». Eso sí, la norma prevé que ese manejo se debe hacer en comunicación con el centro de emergencias 112.
