Año tras año, la Sindicatura de Comptes fue avisando del falseamiento de las cuentas de la Generalitat durante los gobiernos, primero de Eduardo Zaplana, y después de Francisco Camps. En julio de 2015, los estados miembro de la Unión Europea aprobaron una multa a España de 18,93 millones de euros por la manipulación por «negligencia grave» de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunitat Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario. Facturas en los cajones, facturas invisibles. El ministro Luis De Guindos ya advirtió de que sería la Generalitat la que debería asumir el coste de esa sanción. Así ha sido y así será, a tenor de la sentencia del Tribunal Supremo publicada ayer.
Según el fallo del alto tribunal, es la administración valenciana quien debe hacerse cargo de esta sanción de casi 19 millones de euros. Una multa que ya se ha cobrado el gobierno de España (quien abonó el cargo a la UE). Lo hizo el pasado mes de noviembre de 2016. El Ejecutivo de Mariano Rajoy descontó la cantidad afectada de una de las transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda a la Comunitat Valenciana dentro del modelo de financiación autonómica (las conocidas como entregas a cuenta).
Fue entonces cuando el Ejecutivo liderado por Ximo Puig anunció que recurriría al Tribunal Supremo este pago, al entender que el gobierno actual no tenía por qué hacerse cargo de «los desmanes» de gobiernos populares anteriores. Ahora, la sección tercera de la sala de lo contencioso-adminitrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Generalitat contra el acuerdo del Consejo de Ministros de repercutir la responsabilidad exclusiva del pago.
En la sentencia, la sala reproduce prácticamente el informe de la Comisión Europea sobre el asunto, que era «claro y contundente» al detallar los «incumplimientos» y «graves irregularidades» en los que incurrió la Intervención General de la Generalitat en la contabilidad, registro y notificación de los gastos de sanidad de la Comunitat. En concreto, señala que también el Gobierno de Alberto Fabra engañó al Estado con los datos «a finales de enero de 2012 y finales de abril de 2012», una manipulación que dio pie a la investigación y posterior multa de la UE. Una Unión Europea que, como el Supremo, apunta directamente a la Intervención, que dependía en aquel momento de Salvador Hernándiz, alto cargo nombrado por Fabra con rango de secretario autonómico. Sobre sus hombros descarga implícitamente la sentencia la responsabilidad de haber notificado a Eurostat los datos anuales de déficit y de deuda sin atender las normas y procedimientos estadísticos europeos, «sin que la actuación de otras entidades e instituciones haya sido relevante en la manipulación de las cuentas de la sanidad de la Generalitat Valenciana».
«Problema vox populi»
La Generalitat pidió entonces al TS la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros argumentando que según la ley, «era y es competencia única y exclusiva de la Administración del Estado garantizar que los datos del déficit que se comunicaron a Eurostat se ajustaban a las normas contables» requeridas y que la sanción impuesta a España se impuso al Estado y no a la comunidad. Asimismo, añadía que el Gobierno de la nación era «directamente responsable» porque el problema del gasto sanitario era «vox populi en España desde mucho tiempo atrás» y alegaba la existencia de responsabilidad derivada de la normativa en materia contable.
Los resultados de la investigación se recogieron en ese documento de la Comisión, de fecha 7 de mayo de 2015, en el que se hacía una descripción detallada de las circunstancias en las que se hizo una corrección del déficit público en España de 1.900 millones de euros. Sin embargo, la sala señala que, de acuerdo con el Constitucional, la responsabilidad de la administración del Estado por incumplimientos de derecho comunitario no le impide «repercutir» la misma a las comunidades autónomas.
