La Diputación de Valencia destinará 34 millones de euros al Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS), "la mayor inyección económica para todos los pueblos de las comarcas valencianas" y aplicará diversos cambios, entre los que destacan la "simplificación del procedimiento".
Asimismo, habrá nuevos criterios de adjudicación, como la tasa de desempleo y la promoción de la sostenibilidad, y una mayor agilidad en los trámites, atendiendo a las demandas planteadas por los alcaldes y alcaldesas en una encuesta de valoración. Estos cambios "rompen con el modelo anterior promoviendo una nueva denominación del plan provincial, que pasa a llamarse, Servicios y Obras Municipales (SOM)".
El presidente de la corporación, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, y el diputado de Cooperación Municipal, Emili Altur, han presentado el proyecto para 2017 en rueda de prensa. Concretamente, la inversión de la corporación provincial será de 33 millones de euros para los ayuntamientos y un millón de euros para las mancomunidades. Además, se aportará un millón de euros adicional destinado al pago de los honorarios de la redacción proyectos.
"El nuevo plan refleja el trabajo bien hecho por la diputación, en su máxima por dotar de recursos a los municipios y reconocer su mayoría de edad", ha iniciado su intervención el presidente de la corporación. Además del cambio de nombre, Rodríguez ha añadido que el nuevo SOM atiende a criterios sociales como la tasa de paro y la promoción de la sostenibilidad con el Pacto de Alcaldías. "Entre la diputación y la generalitat vamos a hacer una inyección directa en vena de 75 millones de euros este año", ha añadido.
Por su parte, Amigó ha recalcado que desde la nueva legislatura, "el propósito es trabajar codo con codo con los ayuntamientos y que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios y derechos". En palabras de la vicepresidenta, la principal línea de actuación del plan es la autonomía financiera de los municipios.
"Queremos compensar el infrafinanciamiento de los valencianos, que muchas veces se ven en situaciones complicadas", ha señalado. Para ello, la Diputación de Valencia "hace un esfuerzo muy grande para mantener la autonomía financiera de nuestros pueblos, porque quién mejor que nuestros alcaldes para conocer necesidades de su municipio".
"Estamos contentos del trabajo hecho, pero no bajamos la guardia. Los municipios nos hacen propuestas de mejora", ha resaltado el diputado de Cooperación Municipal. La más significativa de ellas es el ahorro de un acuerdo plenario en el ayuntamiento o mancomunidad, medida que evitará aproximadamente un mes de demora a la hora de justificar las ayudas. Anteriormente, se requería una votación por mayoría absoluta para aceptar la contratación de los trabajos, y hasta dicho momento no era posible disponer de la consignación presupuestaria.
Asimismo, la diputación mantiene un único plazo para justificar la ejecución de las ayudas, lo que evitará las prórrogas en las adjudicaciones. "Años atrás teníamos prórrogas de 7 y 8 años, y eso no se puede asumir. Una prórroga debe ser suficiente para adecuarse a la realidad del momento", ha señalado Altur.
El presidente de la diputación ha animado a los consistorios a que se informen del nuevo plan de inversión a los municipios. "Los plazos se han ampliado para impulsar la participación ciudadana, reivindicaciones que nos hacían tanto los ayuntamientos como los ciudadanos", ha señalado. Las instituciones públicas tendrán hasta el 16 de junio para presentar los proyectos.
Los municipios deciden en qué invertir
Después de 20 años, las ayudas han pasado de 17 millones a duplicar su partida en la nueva legislatura, además de agilizar trámites y acortar plazos. Los consistorios serán quienes decidan en qué destinar la inversión, según una fórmula de reparto en función de diversos porcentajes, recalca la corporación provincial a través de un comunicado.
La mayor cantidad es de un 34 % de valor marginal, cuantía fija a la que tienen derecho todos los municipios. También se tendrá en cuenta las características de la población, destinando un 30 % de la ayuda en función del número de habitantes y un 10 % de la superficie del término municipal. Además, se han tenido en cuenta nuevos criterios sociales como la tasa de desempleo, de la que dependerá un 10 por ciento.
Por otra parte, aquellos ayuntamientos que tengan núcleos de población separados del término municipal tendrán derecho a un 4 por ciento adicional. Otra de las novedades de la partida atiende al Pacto de Alcaldías, cuya cifra ha aumentado; los consistorios adheridos al proyecto, basado en acometer actuaciones en contra del cambio climático, podrán beneficiarse de un 3 % de la ayuda.
