La plataforma Libertad de enseñanza 27.1 lamenta en un comunicado «el trato que el president de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra, o el conseller de Educación, Vicent Marzà, dan a las reivindicaciones de miles de familias». Esta plataforma agrupa a 17 de los 24 colegios privados que han perdido la financiación pública de 30 unidades de Bachillerato tras la aplicación del nuevo decreto de conciertos en la enseñanza postobligatoria.
Este colectivo, junto a la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa), impulsó la manifestación del pasado sábado en València contra la política educativa del Consell.
«Mientras el conseller se aferra a su programa electoral y a un decreto basado en unos criterios arbitrarios y subjetivos, Puig y Oltra tachan a la concertada de privilegio y acusan a la plataforma de mentir cuando son ellos quienes están faltando a su palabra», subraya este colectivo. «Es totalmente injusto considerar como privilegio un sistema educativo que ahorra dinero al erario público, ni privilegios ni mentiras», se lee en la nota.
«Criterios subjetivos»
Según la plataforma, «para Marzà todas las respuestas a la angustia de las familias afectadas quedan justificadas por el cumplimiento de su programa y la aplicación de cinco criterios con un amplio margen de interpretación». «Ante la insistencia de Puig y Oltra de tratar la enseñanza concertada como un privilegio», la plataforma defiende que este modelo educativo «está amparado por la Constitución, que garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones».
«Privilegio sería destinar fondos públicos a un servicio que no tuviera demanda», han asegurado y se preguntan «¿cuánto se van a incrementar los gastos en el presupuesto de Educación para atender a esos niños que ahora el Consell empuja a la pública?»
