El Sindicat de Treballadors de l´Ensenyament del País Valencià (Stepv), que cuenta con mayoría absoluta en la enseñanza pública, ha presentado medio centenar de alegaciones contra la supresión de 158 aulas del segundo ciclo de Infantil (3 a 5 años) y Primaria en los colegios públicos planificada por la Conselleria de Educación para el próximo curso 2017-18 por falta de alumnado. A estos recursos se suman otros 25 presentados por la principal confederación autonómica de Ampas, la Gonzalo Anaya, que aglutina a más de un millar de colegios e institutos públicos.

En total, según los cálculos del Stepv, Educación suprime 65 aulas públicas en Infantil, pero al crear 98 el saldo final es de 33. En Primaria, aunque se cierran 93 se abren por otro lado 289 con lo que la red pública crece en 196 unidades en los seis cursos de esta etapa. No obstante, estas cifras son provisionales pues tras cerrarse ayer el plazo de alegaciones, el saldo global del arreglo o planificación escolar puede variar si Educación admite las revisiones solicitadas.

«Anteponer la red pública»

Desde el Stepv, Beatriu Cardona, rechaza de partida la supresión de aulas en la escuela pública: «Antes de cerrar unidades en los colegios públicos habría que clausurarlas en la concertada». «Los conciertos solo deberían existir allí donde la pública no pueda atender toda la demanda», añade.

Cardona ha mostrado su inquietud por la supresión de unidades de Infantil 3 años en cinco pequeños pueblos del interior de la Comunitat Valenciana. «Nos preocupa el no funcionamiento del colegio del Castell de Guadalest, que en la práctica es un cierre de todo el centro», lamenta Cardona. «Hay que tener en cuenta que cuando muere una escuela, se mata a un pueblo», advierte Cardona respecto al futuro de este municipio de la Marina Baixa de 220 habitantes.

Con la figura de «no funcionamiento» de colegios y unidades, las aulas entran en una especie de estado de hibernación. Es decir, que a diferencia de la supresión, que supone que no se pueden ofertar las plazas escolares, con el no funcionamiento éstas se pueden reabrir en cualquier momento que el colegio tenga demanda de matrícula a lo largo del curso.

También pasan a la situación de «no funcionamiento» cuatro aulas de Infantil 3 años de otros tantos municipios pequeños del interior de Castelló. Son la del aulario del Portell de Morella (200 habitantes) del Colegio Rural Agrupado (CRA) Celumbres, al igual que la del colegio de Cortes de Arenoso (300 habitantes) y la del aulario del CRA La Bardissa en Rossell (1.002 vecinos), así como la del colegio de Villahermosa del Río (487 vecinos). Infantil 3 años es la puerta de entrada a la escuela, con lo que suprimir un aula en este nivel supone la crónica de la muerte anunciada del centro.

En contra del mandato de la UE

Cardona critica que no se haya buscado una solución para mantener estas aulas públicas como la creación de la figura del CRA, ya que ni el colegio del Castell de Guadalest ni el de Villahermosa del Río están catalogados con esta figura de protección. «Ningún pueblo del País Valencià debería quedarse sin escuela, porque este es un servicio esencial para atraer población a las zonas rurales», añade.

El cierre de aulas en escuelas rurales va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea, pues el Comité de las Regiones reclama en su último informe que los ejecutivos autonómicos impulsen «políticas destinadas a mantener los centros de enseñanza en zonas rurales aisladas» como una medida clave para frenar la despoblación.

El presidente de la Gonzalo Anaya, Màrius Fullana, aboga por priorizar la matriculación en los centros públicos con respecto a los concertados: «que se completen en primer lugar las unidades públicas y después las de la concertada». «Creemos que ahora es el momento de acabar con los centros privados-concertados y darle prioridad a la escuela pública, que es la única que es de todos». La Gonzalo Anaya ha iniciado una campaña de concienciación social para fomentar la matriculación en la pública.