El exgerente de Emarsa Esteban Cuesta se ratificó ayer ante el tribunal en lo que había declarado en fase de instrucción y admitió que formó parte de una trama de políticos, técnicos de la Administración y empresarios para saquear la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo entre los años 2004 y 2010.
Visiblemente arrepentido, Cuesta pidió perdón en varias ocasiones y asumió que tendrá que cumplir una importante pena de prisión, la fiscalía le pide 12 años de cárcel. «Se nos fue la mano y cogimos hasta el codo», llegó a reconocer en una frase que define una era en la gestión del dinero público de los valencianos. Pese a la previsibilidad de la confesión, el exgerente volvió a arremeter contra quienes presuntamente se habrían concertado con él para defraudar.
Como contara ante el juez de instrucción y en dos entrevistas en exclusiva a Levante-EMV, Esteban Cuesta desgranó la operativa para desviar dinero del tratamiento de lodos gracias a hinchar el precio del servicio. Una tesis que fue validada el miércoles por otro de los implicados y también confeso, el exjefe de Explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) Ignacio Bernácer. «Crespo -exvicepresidente de la Diputación de València-, Morenilla -exgerente de la Epsar- y Bernácer me dijeron que iba a recibir de José Luis Sena -empresario de la firma Notec, que gestionaba los lodos de la depuradora- 12 euros por tonelada de lodo, que los repartiese en cuatro partes y me quedara una», afirmó. «Me reunía con Crespo todos los meses porque le tenía que entregar dinero», asestó.
El pago en sobres se produjo entre 2005 y 2007, fecha a partir de la cual -siempre según el testimonio de Cuesta- Sena le propuso entregarles unas tarjetas de crédito a nombre de Jorge Ignacio Roca -el empresario encarcelado- con las que podrían sacar 500 euros diarios, una declaración exactamente calcada a la realizada por Ignacio Bernácer. Tanto Crespo como Morenilla han negado la mayor durante sus interrogatorios en la fase de instrucción.
Cuesta relató cómo al cansarse de sacar dinero en los cajeros automáticos propuso que fuera su hermana la que realizara la operación y entregara el dinero a los ahora acusados. Mi hermana se compró dos agendas en un chino en la que apuntaba cada día qué cantidad sacaba y la fecha, pero luego las quemamos. «Mi hermana acudía los lunes a la Epsar y se identificaba como Luisa de la gestoría y les daba la parte de Bernácer y Morenilla», declaró el exgerente. Luisa Cuesta fue citada a declarar como testigo en fase de instrucción y negó los hechos. La Fiscalía y el juez instructor decidieron no procesar a la hermana de uno de los principales acusados en esta macrocausa.
El exgerente admitió también haber cobrado mordidas de forma continuada por todo tipo de contratos de mantenimiento, suministros informáticos, cursos de formación, planes de comunicación o certificaciones de calidad, entre muchos otros. Según explicó, el exjefe de Informática de Emarsa, Sebastián García «Chanín» era un hombre «colocado» por el exconsejero delegado de Emarsa y exconcejal del PP de València, Silvestre Senent. «Senent me dijo que Chanín era intocable», afirmó. «Él me daba dinero, 2.500 euros al mes, porque es lo que venía haciendo con el anterior gerente. Si es que estaban ya allí cuando yo llegué... (en 2004)», comentó.
«Chanín, el conseguidor»
Esteban Cuesta explicó que «Chanín» era el «conseguidor» y que «unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas se le renovaban los contratos con Emarsa por si perdía el PP». A preguntas de su abogado, Cuesta intentó vincular a Sebastián García y otros trabajadores de Emarsa con la financiación ilegal del PP de València -ahora investigada en el caso Taula- pero el presidente del tribunal evitó que contestara sobre el enriquecimiento ilícito de ningún partido «porque eso no es lo que se está juzgando».
Tanto la Fiscalía como el juez instructor desestimaron investigar la financiación del PP de la capital del Túria. Cuesta dijo en fase de instrucción que la depuradora de Pinedo pagó cenas de militantes populares. Dos de los señalados, Ignacio Martínez y Santos Peral -ambos a cargo de la caja de Emarsa y cargos del PP- llegaron a una conformidad y se han librado del juicio a cambio de devolver 45.000 euros. Han evitado la prisión.
El exgerente volvió a declarar ahora ante la Audiencia Nacional que fue Enrique Crespo quien le colocó en Emarsa pese a no tener ninguna formación en depuración de aguas puesto que es enfermero de profesión. «Yo en mi vida lo que había hecho era cobrar de conselleria y pagar la gasolina del coche. Y tener una cuenta corriente, de ahorro», afirmó el ahora confeso y arrepentido.
